Una nueva sentencia de 2006 obliga a Vila-real a posponer la modificación de créditos para "pagos urgentes"

Una nueva sentencia firme y otros pagos urbanísticos van a retrasar la modificación de créditos para atender necesidades urgentes en Vila-real como facturas con proveedores, sentencias o pagos pendientes a personal funcionario. Según ha señalado el alcalde del municipio, José Benlloch, se trata de una resolución heredada del gobierno del PP.

Las gestiones para el pago de esta nueva obligación judicial, que se hará finalmente con recursos ordinarios, han obligado a retrasar dos semanas la aprobación de la modificación de créditos del presupuesto prorrogado.

La sentencia, que asciende a 174.307 euros, se remonta al año 2006 y corresponde a unos terrenos de la partida del Madrigal sobre los que su propietario reclamó la expropiación rogada con una valoración particular de 339.506 euros. Por su parte, los técnicos municipales cifraron el valor del suelo en 139.659 euros y, finalmente, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dictó en el año 2019 el valor de 174.307 euros que ratificó el Tribunal Superior de Justicia y, ahora, el Supremo, en sentencia firme recibida el 24 de enero pasado. A esta cantidad se le añaden los intereses de otras sentencias de “los empastres del urbanismo del PP de Vila-real” hasta sumar los 242.000 euros que se liquidarán con la próxima modificación de créditos.

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“Esta nueva sentencia de los empastres del PP ha retrasado la modificación de créditos en la que estamos trabajando para hacer frente a cuestiones muy urgentes para la ciudad al menos dos semanas, ya que la Intervención tenía bloqueado cualquier gasto nuevo hasta que no encontramos solución a este nuevo pago exigible”, explica el acalde.