Concluye la fase de declaración de testigos en el juicio por el caso Erial tras quince sesiones
Algunos de los testigos que figuraban en el listado inicial no se han podido localizar
València
El juicio del caso Erial, que sienta en el banquillo de los acusados al expresident y exministro Eduardo Zaplana y otros catorce procesados, ha dado por concluida este martes la fase de declaración de testigos y ha iniciado la pericial, de modo que previsiblemente el próximo martes comenzará la fase final de conclusiones e informes.
En el listado inicial de testigos constaban algunos que no han podido ser localizados y cuya intervención finalmente se ha descartado al renunciar a ellos los letrados solicitantes.
En la vista de este martes, la decimoquinta, han comparecido -de forma presencial y telemática- una docena de testigos citados por las defensas del expresident de la Generalitat José Luis Olivas; el considerado contable del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, Francisco Grau; y la exsecretaria de Zaplana, Mitsouko Florida.
Entre los comparecientes se encontraban los ex máximos responsables de Bancaja y la CAM, Aurelio Izquierdo y Roberto López Abad, respectivamente, que han sido interrogados por la relación de Bancaja con la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos (Pevsa) -en el primer caso- y por los vínculos de Francisco Grau con Terra Mítica -en el segundo-.
También ha comparecido un empleado del Banco Sabadell que intervino en las operaciones de crédito para la compra de inmuebles en el puerto de Altea. Este testigo ha confirmado que el abogado uruguayo y testaferro confeso de Zaplana, Fernando Belhot, presentó una oferta para la adquisición y que tanto Francisco Grau como Eduardo Zaplana se interesaron personalmente en la operación.
Aurelio Izquierdo ha explicado al tribunal que Bancaja tuvo interés en 2007 en vender su participación minoritaria en Pevsa para reducir los efectos de la morosidad sobre los resultados de la caja, y por eso se incluyó esta operación en un plan de desinversiones.
Endesa tenía una posición mayoritaria en Pevsa, con Bancaja y Sedesa con alrededor de un 20 % de participaciones.
"Recuerdo que el personal del área de participadas (de Bancaja) estuvo hablando con directivos de Endesa, que en principio no estuvieron interesados en comprar", ha detallado Izquierdo, quien ha agregado que posteriormente Bancaja, como accionista de Iberdrola, intentó que esta firma energética plantease una oferta por su parte de Pevsa, con el propósito final de que Endesa ejercitase su derecho de suscripción preferente.
En la venta de estos activos, que Bancaja y Sedesa cerraron finalmente a Endesa, la caja obtuvo unas plusvalías cercanas a los 35 millones de euros, ha admitido Izquierdo. "Invertimos un millón y algo y ganamos más de 35 millones".
El fiscal ha preguntado al ex máximo responsable de Bancaja si supo que José Luis Oliva cobró por mediar en esa venta, a lo que Izquierdo ha respondido que no, y que tampoco conocía la firma Imarol, a través de la que facturó Olivas 580.000 euros a Sedesa.
La sesión ha finalizado con la declaración de un inspector de Hacienda
Tampoco conocían la mediación de Olivas varios directivos de Iberdrola Renovables que han comparecido como testigos y que han declarado que no era, en absoluto, habitual recurrir a agentes externos para valorar posibles ofertas.
"No necesitamos mediación por parte de nadie en Iberdrola Renovables en una operación de este tipo", ha asegurado un ex consejero delegado de esta firma.
La sesión ha concluido con la declaración de un perito económico -inspector de Hacienda en excedencia- citado por la defensa de Olivas, quien ha considerado "imposible" que el expresident cobrase una mordida por la adjudicación de los planes eólicos.
"Se acusa a Olivas de que ese pago proviene de la adjudicación del plan eólico, pero esa tesis la considero imposible de realizar. En primer lugar porque Olivas no pudo intervenir en la adjudicación, también porque el adjudicatario es Pevsa y no facturó a esa sociedad, sino a Sedesa, y también porque el pago por estos servicios -mediación para la venta- se produce cinco años y medio después desde la adjudicación del parque eólico. Es imposible que se acuerde ese pago en diferido".
Además, ha insistido en que "la forma de recibir el pago se hace con transparencia, e Imarol tributó por esa factura. La tesis más lógica es que intervino para desbloquear la situación con Iberdrola y que finalmente consiguió que alguien quisiera adquirir la participación minoritaria en Pevsa".
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