El fiscal rebaja de 19 a 17 años la petición de pena para Eduardo Zaplana en el caso Erial

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado en dos años, de 19 a 17, la petición de condena para el expresident y exministro Eduardo Zaplana en el caso Erial al retirar uno de los delitos de falsedad documental. En concreto, se retira la acusación por un delito de falsedad en documento público, con lo que la petición de condena cae en dos años. Sí se mantiene la petición de condena para Zaplana por los delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación.

Junto a la pena de prisión le solicita una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

Conformidades

Asimismo, en la sesión del juicio por el caso Erial de este martes, el fiscal ha rebajado considerablemente las peticiones para los que han confesado todos ellos sus delitos.

El primero de los que se han conformado es Joaquín Miguel Barceló, amigo de la infancia de Zaplana y testaferro de la trama. Inicialmente se le pedían ocho años por los delitos de pertenencia a grupo criminal y blanqueo. El fiscal pide ahora para él 1 año y 3 meses por blanqueo y 5 meses por pertenencia a grupo criminal, además de una multa por cinco millones de euros.

El exjefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García iba a enfrentarse a una petición de pena de 14 años de prisión por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación, pero también se ha conformado. Ha mostrado su conformidad con una petición de condena de 5 meses por blanqueo de capitales, 1 año y 6 meses por cohecho y 1 año por falsedad documental, y deberá abonar 1,32 millones de euros en conceptos de multas.

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José Cotino se conforma con una pena de 2 años por cohecho y Vicente Cotino con otros dos años por cohecho, 1 año por falsedad y 5 meses por blanqueo frente a los 14 iniciales que se pedían para ellos. La multa a Vicente Cotino asciende a 4,32 millones de euros, y 320.000 euros para su hermano José.

Sobre los conformados, pese a que no entrarán en prisión al no proponerse, en ningún caso, condenas superiores a los dos años de prisión por cada delito, sí pagarán casi 11 millones de euros en multas.

Por otro lado, el ministerio público ha rebajado la pena para el que fuera presidente de la Generalitat José Luis Olivas, a quien reclama finalmente dos años de prisión al retirarle el delito de prevaricación y mantener el de cohecho. Inicialmente se pedían seis años.

Retirada de acusaciones

El fiscal del juicio ha retirado la acusación contra los procesados Elvira Suanzes, Pedro Romero y Ángel Salas.

El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha hecho este anuncio en los primeros minutos de la decimoctava sesión del juicio, en la que se abre la fase de conclusiones e informes finales.

El caso Erial, de la A a la Z

"A la vista de las diligencias y las pruebas practicadas resulta insuficiente para sostener la acusación y, en consecuencia, interesamos una sentencia absolutoria", ha señalado el fiscal. A continuación, el presidente de la sala, Pedro Castellano, ha invitado a estos tres procesados a abandonar la zona del banquillo de los acusados y ocupar la del público o abandonar la sala.

Pedro Romero Aguilar es un empresario y fue expeluquero de Zaplana y José María Aznar. Estaba acusado por blanqueo y el fiscal pedía inicialmente una condena de 5 años. Ángel Salas es también un empresario cercano a Zaplana a quien se atribuía supuestas operaciones de blanqueo. Se le pedía una condena de 5 años. Elvira Suanzes es ex diputada autonómica del PP y amiga de Zaplana. La UCO le atribuyó responsabilidades en supuestos procesos de blanqueo de capitales y se le pedía igualmente una condena de 5 años de prisión.

"Se hizo bajo la dirección de Eduardo Zaplana"

Sobre las adjudicaciones de las ITV privatizadas por la Generalitat, presuntamente pactadas con el grupo empresarial de los Cotino, Sedesa, asegura el Fiscal que lo que se ha podido saber es que Zaplana se reunió con el empresario y exdirector general de la Policía cuando se estaban haciendo las adjudicaciones.

Además, dice que fue “bajo la dirección de Eduardo Zaplana” cuando “se van creando las condiciones” para adjudicar los diferentes lotes para las empresas de Cotino. Además, se ha preguntado por qué se privatizaron estos servicios, y cree que no existe ningún informe “más allá de un acuerdo del Consell”. A entender del fiscal, la decisión de Zaplana venía motivada “porque había un concierto con Juan Cotino”.

Ha afirmado Pablo Ponce que el expresident utilizaba a las personas de su alrededor para sus propios intereses. Y que se crearon las condiciones necesarias para que hubiera personas y empresas que obtuvieran una ganancia de esos procesos de privatización.

Los papeles del sirio, una historia "consistente"

En sus conclusiones, el fiscal se ha referido al “hallazgo casual” de los papeles que dieron origen a la causa Erial, los llamados “papeles del sirio”. Los encontró, según la instrucción, un ciudadano sirio, Imad, que vivía en un piso que antes había pertenecido a Eduardo Zaplana, que se los entregó a Marcos Benavent, el autodenominado “yonki del dinero”. Este los depositó en el despacho del que entonces era su abogado y allí se hallaron en una entrada y registro.

Sobre los papeles, ha dicho el fiscal que no es importante que no se hayan hallado huellas del expresident en los documentos porque datan de hace veinte años y tampoco se encontraron huellas de Benavent, que sí reconoció haber tocado los papeles. Además, ha considerado que la historia de Imad es “consistente” mientras que la de Marcos Benavent, que declaró como testigo y cambió si versión para apuntar a que este hombre sirio era un confidente del CNI o de la Policía que colocó los papeles a petición de estos, es “errática”.

Además, dice que la Policía “no puede hacer oídos sordos” cuando encuentra indicios de delitos, y que su deber era entregarlos al juez de instrucción, como así se hizo. Ha recalcado el fiscal que ninguna de las partes recurrió la entrada y registro en la que se hallaron los papeles.

El fiscal defiende la "extraordinaria rapidez" de la causa

Ante la petición del letrado del exasesor Francisco Grau de reconocer la dilación indebida, ha dicho el fiscal que no la ha habido, sino que, al contrario, la causa ha sido instruida “con evidente celeridad”, teniendo en cuenta que son hechos complejos que afectan a sociedades. “Se han hecho escuchas, se han solicitado periciales, se han hecho innumerables entradas y registros”, ha defendido.

La causa se abrió en 2015 y hasta 2018 no se produjo la detención de las personas acusadas. “Pero es que hemos pasado una pandemia, se han suspendido los plazos procesales, se han hecho comisiones rogatorias en Luxemburgo, Uruguay, Andorra, en Panamá”, ha justificado el fiscal.

En cuanto al secreto de sumario, que según el letrado de Grau provocaba “indefensión”, defiende el Ministerio Público que no, porque todo lo que estaba bajo secreto de sumario se ha traído a la vista.

Sobre el cambio de posición del testaferro uruguayo Fernando Belhot, que estaba investigado pero tras la repatriación de parte de los fondos pasó a ser testigo, cree el Fiscal que “no es extravagante” y que lo mismo -el paso de acusada a testigo- ocurrió con Beatriz García-Paesa, también inicialmente investigada como testaferro.

Juan Francisco García satisfecho por "reparar parte del daño"

Juan Francisco García, que fue jefe de gabinete de Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat Valenciana, ha mostrado este martes su alivio tras cerrar un pacto con el fiscal, admitir su responsabilidad y "reparar parte del daño".

De 14 años que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba para él al inicio del juicio, finalmente la petición queda reducida a 5 meses por blanqueo de capitales, 1 año y 6 meses por cohecho y 1 año por falsedad documental, y deberá abonar 1,32 millones de euros en conceptos de multas.

A la salida de la sesión de este martes, en la que el fiscal ha leído sus conclusiones e informe final, García ha admitido sentirse más tranquilo. "Esperaremos la sentencia", ha añadido. "Me he quedado tranquilo, todos esperábamos que esto acabara. He mostrado mi arrepentimiento y creo que es una manera de reparar parte del perjuicio causado", ha concluido.

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