La defensa de Zaplana cree que la UCO ha actuado como "antes de 1978" y sin control judicial
Daniel Campos coincide en que el caso Erial se basa en una conspiración contra Zaplana
Valencia
Daniel Campos, el exfiscal que ejerce como abogado defensor del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, ha asegurado este miércoles en su informe final en el caso Erial que la UCO de la Guardia Civil ha actuado en esta causa "sin control judicial" y como "una policía propia del régimen anterior al de 1978".
Ayer fue el turno del fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, que estuvo hablando durante cinco horas y desglosando la participación de las diferentes personas acusadas en el caso Erial y hoy, Daniel Campos le ha respondido. En su intervención, se ha centrado sobre todo en los llamados papeles del sirio, que dieron origen a la causa, y en la actuación de la UCO de la Guardia Civil durante la investigación.
El abogado de Zaplana, que pide la absolución de su cliente, dice que la Guardia Civil y la UCO son cuerpos “antiguos”, que han actuado con tintes poco democráticos, con una acción más propia de la policía franquista.
El abogado de Zaplana, Daniel Campos, tacha de "anterior a 1978" la actuación de la UCO
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Y aunque dice que no es partidario de las teorías de la conspiración, asegura estar convencido, como ya le dijo Zaplana en la cárcel, de que el caso ha sido un montaje desde el principio.
Asimismo, ha lamentado que fue ''vox populi" que se mantuvo a tres de los acusados en prisión preventiva "para que se rindiesen y dijesen dónde estaba el dinero".
El abogado de Zaplana cree que no se han respetado las garantías de las personas investigadas, recuerda que se ha apartado antes a jueces de la judicatura por no hacerlo, y destaca que en España se ha luchado contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción siempre con garantías y no inventando o buscando atajos.
Asegura que el fin no justifica los medios y que las reglas, las formas, son las garantías de la verdad y la libertad en los procedimientos. Afirma Campos: “El fin no es el éxito sobre el enemigo sino la verdad procesal con garantías”. Además, asegura que las víctimas de las faltas de garantías son los ciudadanos porque todos pueden ser acusados de un delito que no han cometido y sin garantías no pueden defenderse.
El abogado de Zaplana, Daniel Campos, cree que no ha habido garantías en el proceso
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El papel de la UCO y los "papeles del sirio"
Cree Campos que si algo ha caracterizado la instrucción es el papel del a Guardia Civil y de la UCO que han dirigido la investigación y han actuado como han querido sin control de la Fiscalía. Dice que hasta se les daba traslado de los documentos y alegaciones, algo nunca visto. La policía, así, se convertía según Campos en una parte más del procedimiento para contestar a las defensas.
Así, considera que se ha ido fabricando una verdad de artificio, que los investigadores, cuando declararon, “se iban echando el balón unos a otros” y que la resolución de entrada y registro en el despacho de abogados que llevaba la defensa de Marcos Benavent en Imelsa, donde se encontraron los “papeles del sirio”, fue “ilícita”. “Entendemos que es cercana al delito”, ha añadido y ha recordado, en referencia a Garzón, que un exjuez fue condenado por intervenir las comunicaciones de las personas investigadas sin permiso.
Sobre los “papeles del sirio”, cree Campos que no hay pruebas de que Zaplana tocara los papeles y, es más, que es “imposible materialmente” que esos papeles hubieran sido dejados en 2006 cuando Zaplana era propietario de ese domicilio. Es imposible, dice, porque uno se imprimió en 2009 y otro de ellos lleva datos registrales de una sociedad que no pudieron ser aportados hasta 2008.
Pero esos papeles, dice, fueron la justificación para que Zaplana entrara en prisión y han recogido alusiones constantes como elemento que reflejaba todo lo que había pasado, porque según la Guardia Civil contenía todo el plan del pago de mordidas. Pero dice el abogado de Zaplana que en los papeles “no existe ninguna mención al pago de mordidas, solo una mención de que unos señores tenían intención de presentarse a un concurso público”. Por eso, se ha preguntado “¿dónde está el pago de mordidas? ¿En el olfato de la Guardia Civil?”. Y ha concluido que “se ve que estaban constipados porque el olfato les funcionó bastante mal”.
“Un montaje desde el principio”
Daniel Campos ha abordado también la teoría de que todo el caso es un montaje, como defendieron, en sus declaraciones como testigos en el juicio, el autodenominado “yonki del dinero”, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, y el excomisario José Manuel Villarejo.
“Como son corruptos y condenados no les hacemos caso”, ha protestado, pero dice que la teoría de Villarejo “está contrastada con grabaciones y documentos”, colgadas todavía en internet en las que, dice Campos, se puede escuchar al exdirector general de la Policía, Juan Cotino, con el entonces jefe del a UDEF hablando de “cómo montarle un cohecho al señor Zaplana”. “A uno se le hiela la sangre”, ha considerado.
Campos asegura que nunca ha sido partidario de las teorías conspiratorias porque cree “más en la chapuza”. “La versión oficial es la que es claramente falsa. La teoría de la conspiración es la que me contaba don Eduardo cuando iba a verlo a Picassent y yo decía a mis compañeros ‘está obsesionado con este tema’”, ha relatado el abogado, que ha concluido que ahora llega a la convicción “de que esto fue un montaje desde el primer minuto y se creó una verdad artificial que se ha mantenido hasta el día de hoy”. “No se ha buscado la verdad sino apuntalar esta versión”, ha denunciado.
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Petición del fiscal
La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado en dos años, de 19 a 17, la petición de condena para el expresident y exministro Eduardo Zaplana en el caso Erial al retirar uno de los delitos de falsedad documental. En concreto, se retira la acusación por un delito de falsedad en documento público, con lo que la petición de condena cae en dos años. Sí se mantiene la petición de condena para Zaplana por los delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación.
Junto a la pena de prisión le solicita una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.
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