Las 'derivadas valencianas' del pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial

Valencia

El desbloqueo en la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial tendrá consecuencias también en la Comunitat Valenciana que van más allá del atasco en el Tribunal Supremo, donde el bloqueo ha provocado que no se cubran las plazas de jueces que han ido quedando vacantes provocando un importante retraso en los asuntos que a la más alta instancia judicial del país llegan desde toda España.

En el caso de la Comunitat Valenciana seis son los cargos que discrecionalmente nombra el Consejo comenzando por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que ocupa Pilar de la Oliva en funciones desde hace tres años. Asimismo, también ocupa su plaza con el mandato caducado desde hace también tres años el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal valenciano que es Manuel Baeza.

También dependen del Consejo General del Poder Judicial las tres presidencias de las audiencias provinciales. La de Alicante en funciones, también desde hace tres años, la preside Juan Carlos Cerón. La de Valencia todavía no está en funciones, pero lo estará en breve. En septiembre concluye el mandato de su presidenta Ester Rojo.

El caso de Castellón es distinto. Allí, su presidente elegido por el consejo fue hasta el año pasado José Manuel Marco Cos. En septiembre se jubiló y su cargo fue ocupado, de forma interina, por el magistrado más antiguo: Carlos Rodríguez.

Además, en noviembre caduca el mandato del presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Francisco Javier Lluch Corell. Así que puede darse el caso de que la totalidad de cargos que de forma discrecional elige el Consejo en la Comunitat Valenciana. Y es que es difícil hacer cálculos de cuándo pueden producirse los relevos.

¿Y ahora qué?

El acuerdo entre PP y PSOE debe ahora ratificarse en el trámite parlamentario. Deben convocarse plenos en el Congreso y en el Senado que lo confirmen. Una vez cumplimentado ese trámite, deberán tomar posesión los nuevos miembros del Consejo, que son diez los elegidos por la cámara bajan (seis procedentes de la carrera judicial y cuatro juristas de reconocido prestigio) y otros diez los elegidos por la cámara alta en idéntica proporción.

Ese nuevo pleno del consejo deberá designar entonces presidente o presidenta y a partir de ahí abrir el plazo de renovación de todos los cargos con el consiguiente trámite de presentación de candidaturas etcétera.

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