La secretaria de actas mantiene que el Teatro no se rige por la Ley de Contratos Públicos
La acusación particular quiere llamar a declarar a la responsable de las empresas beneficiadas de estos contratos
Teatro Principal de Alicante / Cadena Ser
Alicante
Este martes ha tenido lugar una nueva ronda de declaraciones en el juzgado de Instrucción número 4 de Alicante que investiga las supuestas irregularidades en los contratos del Teatro Principal de Alicante de montadores y azafatas. En la jornada estaban citados como testigos: Macarena Fuentes funcionaria del Ayuntamiento y secretaria de actas de la comunidad de propietarios del Teatro, Nayma Beldjilali, actual edil de Cultura y Sergio Arladis, por parte de la Generalitat Valenciana.
Macarena Fuentes, aportó a la causa un informe que explica que el teatro es una comunidad de bienes y no se rige por la Ley de Contratos del Sector Público. También afirmó, que la subdirectora María Dolores Padilla (única investigada en la causa) no presentaba cuentas pormenorizadas a los órganos de control por lo que no tenían documentación detallada. Solo las presenta en la memoria anual de forma general sin explicar la forma de contratación, ni las empresas. Igualmente ha declarado que al ser el Teatro una comunidad de bienes, no se rige por la Ley de Contratos del Sector Público.
Por su parte, la concejala Beldjilali, ha insistido en su declaración que conoce el régimen jurídico de contratación del teatro y quien fuera director de Cultura de la Generalitat, Sergio Arlandis, indicó al juez que no asistió a esas reuniones.
La acusación particular, por su parte, quiere ahora llamar a declarar a la responsable de las empresas beneficiadas de estos contratos de montaje y azafatas del teatro. Recordamos que se investigan estos contratos que con varias empresas ligadas a una misma persona desde el año 2005
La investigación
Fiscalía Anticorrupción considera que hay que dilucidar si María Dolores Padilla contrató los trabajos con varias empresas externas, vinculadas todas a una misma persona Sonia María Blasco Rebollo, quien obtuvo contratos desde 2005 sin respetar los procedimientos de contratación del sector público. El juzgado recibió el pasado 29 de abril el informe del Fiscal, que considera que podría haber incurrido en un delito de prevaricación y/o fraude en la contratación.
En su exposición, el fiscal destaca que "el teatro Principal de Alicante, constituido en Junta de Propietarios, tiene una participación mayoritariamente pública en su financiación por cuanto que es participada al 66% por entes del sector público, Ayuntamiento de Alicante y Generalitat Valenciana". Recordamos que, además, también es participante Banco Sabadell.
Según el escrito del fiscal y siguiendo la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) el Teatro es una entidad que "sin ser Administración Pública tramita el procedimiento como si lo fuera" (...) "debiendo adjudicar estos contratos por los mismos procedimientos estipulados para los celebrados por las Administraciones Públicas".
