Eduardo Zaplana, condenado a 10 años y 5 meses de prisión y multas que superan los 25 millones de euros por el caso Erial
El expresident de la Generalitat ha sido declarado criminalmente responsable de múltiples delitos, incluyendo prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales
GRAFCVA9914. VALENCIA, 16/04/2024.- El expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana (c), a su llegada a la audiencia provincial para la quinta sesión del juicio del caso Erial, que lo sienta en el banquillo y en la que se ha programado la declaración del que fue su jefe gabinete en Presidencia, Juan Francisco García, su secretaria Mitsouko Florida, los empresarios Vicente y José Cotino, y el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque (EFE)
València
El fallo judicial del caso ha dictado una condena firme sobre el conocido como Caso Erial contra Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, quien ha sido declarado criminalmente responsable de múltiples delitos, incluyendo prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.
El también exministro Zaplana ha sido condenado a una inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier empleo o cargo público por un periodo total de ocho años y cinco meses, en virtud del delito de prevaricación. Además, por el delito de cohecho, se le impone una pena de tres años y once meses de prisión, acompañada de una multa de 4.400.000 euros. En caso de impago, deberá cumplir una responsabilidad personal subsidiaria de nueve meses de prisión.
El delito de falsedad conlleva una pena adicional de un año y seis meses de prisión y una multa que ascenderá a 24.000 euros, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Finalmente, la condena por blanqueo de capitales se traduce en una pena de cinco años de prisión y una multa de 20.606.364 euros, así como una inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por un periodo de tres años.
La suma total de penas de prisión asciende a 10 años y 5 meses, a lo que se añaden multas que superan los 25 millones de euros.
Más acusados
No obstante, el Tribunal absuelve al expresidente de la Generalitat del delito de grupo criminal, pero decreta el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa.
La Sala también ha condenado a otros seis acusados a penas que oscilan entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Se trata de los empresarios Vicente y José Cotino y Francisco Pérez López; el abogado y asesor fiscal Francisco Grau; el exjefe de gabinete del 'expresident', Juan Francisco García, y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro, Joaquín Barceló.
Los ocho acusados restantes han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por no apreciar pruebas que sustenten una condena. Entre ellos figura el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas. La sentencia, que consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Conformidades
Cuatro de los acusados se conformaron con las penas que pedía para ellos la Fiscalía Anticorrupción en virtud de diversos acuerdos. Son el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, el presunto testaferro de la trama, Joaquín Miguel Barceló, y los hermanos Vicente y José Cotino, empresarios y beneficiarios de las adjudicaciones de las ITV con las empresas del grupo que lideraba su fallecido tío Juan Cotino, exdirector general de la Policía.
A Juan Francisco García y a los hermanos Cotino se le reclamaba inicialmente una condena de 14 años de prisión y a Barceló de ocho.
Pero el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, mostró su conformidad con una petición de pena de la Fiscalía de 5 meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales, un año y seis meses por un delito de cohecho y un año por un delito de falsedad documental, además de multas por valor de 1,32 millones de euros.
Por su parte, Joaquín Miguel Barceló, alias Pachano, dijo en su declaración en el juicio que fue efectivamente el testaferro de Eduardo Zaplana y confesó que las empresas estaban a su nombre pero pertenecían en realidad al expresident. El fiscal rebajó su petición de condena, con la que Barceló se conformó, a un año y tres meses por blanqueo y cinco meses por pertenencia a grupo criminal, además de una multa de cinco millones de euros.
En cuanto a los hermanos José y Vicente Cotino, en concreto José Cotino se conforma con una pena de dos años de prisión por cohecho y Vicente Cotino con otros dos años por cohecho, un año por falsedad y cinco meses por blanqueo. Las multas con las que se han conformado son de 4,32 millones de euros para Vicente Cotino, y 320.000 euros para su hermano José.
Tres retiradas de acusación
Respecto a la exdiputada del PP y amiga personal de Zaplana, Elvira Suanzes, el empresario y peluquero de Zaplana y Aznar, Pedro Romero y el también empresario Ángel Salas, el fiscal les retiró la acusación en la sesión dedicada al informe final del Ministerio Público al no ver suficientes indicios de criminalidad para mantenerles en el procedimiento.
Los papeles "del sirio", en el centro del juicio
La causa de Erial se inició a raíz de los papeles conocidos como "del sirio". Se trata de unos documentos que se hallaron en un registro en el despacho de abogados que, por aquel entonces, llevaba la defensa del autodenominado "yonki del dinero", el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.
Los investigadores de la UCO y la Fiscalía relataron durante el juicio que el nombre de estos papeles, que dieron origen a la investigación del Caso Erial, se debe a que los entregó a Marcos Benavent, un hombre de nacionalidad siria. Benavent dijo haberlos encontrado en una vivienda que tenía alquilada y en la que también había residido con anterioridad Zaplana.
En la vigilancia para localizar a Benavent, los investigadores vieron cómo un familiar llevaba estos papeles a su despacho de abogados. Por ese motivo, procedieron a realizar un registro en esa sede y allí los hallaron. Para el jefe del operativo resultaba "indudable" que "los papeles del sirio apuntaban al blanqueo de capitales".
Pero el abogado de Zaplana pidió una prueba de huellas dactilares que determinó que no había huellas de Zaplana en los papeles. La Fiscalía, ante el resultado de la prueba, manifestó que había pasado demasiado tiempo para que eso fuera fiable. Como testigos, Marcos Benavent y el excomisario José Manuel Villarejo, aseguraron que el hallazgo casual no fue tal porque al ciudadano sirio, Imad Al-Naddaf, le habían dado los papeles los cuerpos policiales y de inteligencia porque era colaborador de estos cuerpos.
Es la teoría del "montaje" que han sostenido, sobre todo Villarejo pero también Benavent. El excomisario apuntó directamente a Mariano Rajoy como ideólogo de la trama, dijo que estaba "obsesionado" con Zaplana porque temía que le disputara el liderazgo en el partido y que el propio Juan Cotino ejecutó las órdenes políticas de "poner cosas donde no las había" que le dieron los urdidores de la trama.
Las adjudicaciones bajo la lupa
El juicio se ha centrado en las adjudicaciones de las ITV y el plan eólico de la Comunitat Valenciana, según la Fiscalía y la UCO, pactadas para beneficiar a determinadas empresas (en el caso de las ITV, las del grupo Sedesa, propiedad de los Cotino).
Después, según el relato del Ministerio Público, los implicados en la trama situaban el dinero de las adjudicaciones en cuentas en el extranjero y posteriormente lo repatriaban en operaciones de blanqueo.
Sobre estas adjudicaciones, Eduardo Zaplana dijo que "jamás" habló con el expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía Juan Cotino sobre las adjudicaciones de las ITV y ha asegurado que se llevaban "fatal" desde 2003: "Rompí relaciones en la Comunitat Valenciana con el gobierno de Francisco Camps".
La cantidad investigada
El fiscal anticorrupción cifraba en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo que estaba acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según constaba en la calificación de la acusación pública.
De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusaba, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al expresident y que le ayudaron en la operativa.
Zaplana recurrirá
El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro 'popular' Eduardo Zaplana, condenado a 10 años y cinco meses de prisión por la trama de las ITV en el conocido como caso Erial, ha anunciado que recurrirá la sentencia. También ha reiterado que no hay "ninguna evidencia objetiva" de su participación en los hechos.
Así se desprende de un comunicado remitido por el despacho de abogados de Zaplana en relación con la sentencia de la Audiencia del caso Erial, que le condena por percibir comisiones por la adjudicación entre 1997 y 2003 de estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana y canalizarlas a través de una compleja estructura societaria tanto en España como en países como Panamá o Luxemburgo y con cuentas en Andorra.
Tras conocerse el fallo, el exministro ha avanzado que se siente "decepcionado" por haber sido condenado "por unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva" sobre su participación en los hechos.
A pesar de todo, el expresidente de la Generalitat ha manifestado que sigue "confiando" en la justicia y ha afirmado que tiene la certeza de que "tarde o temprano" se reconocerá lo "infundado" de las acusaciones y, en consecuencia, recurrirá a las instancias "que sea necesario".
En el mismo comunicado, Zaplana también ha mostrado su "alegría" por la absolución en este procedimiento "de todas las personas cuyo único delito fue haber sido mis amigos o colaboradores y que han tenido que sufrir un acusación igualmente injusta y soportar durante largos años la amenaza de una condena penal sin ningún fundamento", ha apostillado.
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