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El Ayuntamiento inicia el proceso judicial contra las tres plantas de un mismo grupo inversor aprobadas a los pies de Sierra Salinas

El alcalde firma las autorizaciones para el equipo legal inicie el procedimiento Contencioso-Administrativo contra las tres plantas de un mismo grupo inversor Atalaya Solar, Villasol y Frutasol autorizadas por el Consell en contra de los informes municipales

Sierra-Salinas / Ayto Villena

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha firmado hoy las autorizaciones al equipo legal del Ayuntamiento de Villena para que inicie el procedimiento Contencioso-Administrativo que evite la instalación de tres plantas fotovoltaicas autorizadas por la Generalitat a pesar de los informes ambientales municipales y el recurso de alzada tramitado en su momento.

La decisión del Ayuntamiento, que encabeza el alcalde, responde a la convicción de que las plantas Atalaya Solar, Frutasol y Villasol, todas ellas ubicadas en el mismo lugar y colindantes las unas con las otras promovidas por el mismo grupo, se tramitaron en expedientes diferentes para no superar la potencia de 50 MW y poder tramitarlas a través de la Generalitat, y no ante el Gobierno Central. Atalaya Solar tiene una potencia de 33,48MW, Frutasol supera los 44 MW y Villasol presenta la misma capacidad cercana a los 50MW.

Los informes municipales consideran que la suma de estas tres plantas supera los 100 MW, aunque cada uno de ellos se ha tramitado de manera separada y como proyectos independientes, y podría suponer un fuerte impacto en un área natural protegida como es Sierra Salinas.

En un principio, la solicitud de instalación de estas tres plantas de la misma empresa decayó al caducar su derecho de conexión a la Red Eléctrica, una vez que no logró la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), decisión que fue revocada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dio la razón a la empresa promotora. Finalmente, logró la autorización de implantación por parte de la Generalitat.

Ahora, el Ayuntamiento abre el proceso judicial contra la decisión de la Generalitat para evitar el impacto medioambiental que supondría este gran proyecto de tres plantas fotovoltaicas.

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