La mayoría de ayuntamientos valencianos aplicarán la nueva tasa de residuos en 2025 aunque no mejorará la calidad del reciclaje

València

Este 2025 es el año marcado por la Unión Europea y el Congreso de los Diputados para que todos los ayuntamientos apliquen la nueva tasa de basuras que debe recaudar todo lo que cuesta a los municipios la gestión de los residuos. El objetivo es mejorar el reciclaje, de forma que los ciudadanos que más y mejor separen tengan que pagar menos impuestos, pero la realidad, al menos en este primer año, es que la recogida selectiva no se ha puesto en marcha, así que todos los vecinos tendrán que pagar lo mismo. Aunque algunos ayuntamientos sí que han establecido diferencias en función de la renta o del tamaño de las viviendas, el colegio de secretarios e interventores de Valencia, Cosital, afirma que tendrá que pasar más tiempo para que el objetivo de la ley se cumpla de verdad.

La Ley de residuos y suelos contaminados de 2022 establece que a partir de abril de 2025 todos los municipios deben tener la nueva tasa, lo que ha obligado a los ayuntamientos a incluirla en los presupuestos de este año que se han aprobado en las últimas semanas. Esta tasa debe ser individual, no estar incluida en otras como el IBI, y tiene que recaudar todo lo que cuesta a los ayuntamientos la gestión de los residuos. Eso se va a traducir en un aumento de lo que los vecinos tienen que pagar, aunque el objetivo no era ese. Isabel Bort, portavoz de Cosital Valencia, detalla que el objetivo era aumentar el reciclaje.

Mejora del reciclaje

Sin embargo, para mejorar la gestión de los residuos hay que implementar nuevos sistemas y también se debe identificar a los usuarios para saber quién recicla menos o genera más basura. Bort afirma que es algo que no se ha hecho todavía, porque necesita tiempo. Aunque la mayoría de ayuntamientos cumplirán con la nueva ley ya que incluirán esta tasa, todavía pasarán unos años para que cambie la cultura de generación de residuos.

Bort recuerda que era imprescindible que esta tasa estuviera en marcha a través de 2025 porque la Unión Europea ya ha amenazado a España con aplicar sanciones por no cumplir los objetivos de reciclaje. Unas multas que, en el caso de que finalmente se apliquen, el Gobierno central podría repercutir en las administraciones incumplicoras como serían los ayuntamientos.

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