La historia se repite en Alicante: una pareja joven del barrio Miguel Hernández y su pequeño, con certificado de vulnerabilidad y desalojada por la EVHA

Alicante

La historia se repite con el nuevo desahucio que ha tenido lugar este miércoles en Alicante. De nuevo a primera hora, de nuevo por la Entitat Valenciana d’Habitatge y Sòl, en un piso ya okupado antes por otra persona y a una pareja joven con un niño de corta edad.

Esta vez ha sido en el barrio Miguel Hernández. Y los desalojados de su vivienda, una pareja treintañera, Luis y Cintia, con un niño de 4 a su cargo, que recibieron una orden de entrada de la EVHA, para cerrar el inmueble.

El desalojo ha tenido lugar en la calle Pavía, 2. La pareja entró con su hijo de 4 años al piso hace un año y medio. El pasado viernes 6 un inspector del EVHA, acompañado de la policía, les entregó la orden de desalojo.

La unidad familiar cuenta con un certificado de vulnerabilidad redactado por la trabajadora social, al percibir una exigua nómina mensual de 645 euros, lo cual hace inviable el acceso a una alternativa habitacional con los actuales precios del alquiler en Alicante.

La pareja solicitó al EVHA que les permitieran quedarse en el piso con un alquiler social acorde a su renta familiar, y presentaron la solicitud de un abogado de oficio el pasado lunes 9 de junio, dentro del plazo, "pero en el juzgado les informaron de que no contarían con un servicio de representación legal hasta el 18 de junio, una semana después de su lanzamiento".

Lo afirman desde el Sindicat de Barri Carolines, que denuncia "la operativa desproporcionada" utilizada hoy para el desalojo, y cree que este proceder responde a una nueva estrategia desde la Conselleria para ir echando a estas familias de sus casas, señala Cristian, uno de sus miembros.

EVHA argumenta que tienen alternativa habitacional en la vivienda pública de la madre de ella

Desde la EVHA argumentan que esta familia estaba okupando desde mayo de 2023 la vivienda ya habitada ilegalmente por otra persona previamente; que su inscripción como demandantes se produjo el 27 de mayo pasado, cuando ya se les había avisado del lanzamiento; y que cuentan con alternativa habitacional, ya que la madre de la joven es adjudicataria de una vivienda pública en un edificio cercano a éste.

Pero Luis, el padre afectado, dice que no es una solución vivir en 45 metros cuadrados con su suegra y un niño pequeño con necesidades, y se pregunta para qué sirve la vivienda pública si ni con una nómina puedes acceder a ella.

El Sindicat insiste en lo grave de que sea una institución pública como la EVHA la que echa de su casa "a una familia sin apenas recursos, saltándose los protocolos establecidos" y vulnerando los derechos de representación legal de tres ciudadanos en una situación muy difícil.

Todo, en una semana, en que estaban señalados tres lanzamientos por parte de una entidad pública en Alicante -el lunes se suspendió el de una madre de familia numerosa en San Blas por parte del Patronato de Vivienda- y sin que ningún partido político esté haciendo "nada por detener esta sangría de personas que se quedan en la más absoluta precariedad, con lo que eso supone para su salud y posibilidad, ya no de vivir, sino de sobrevivir", dicen.