UGT recurre ante el TSJ las instrucciones de inicio de curso de Secundaria por marginar el valenciano

València

UGT Serveis Públics - Ensenyament del País Valencià ha presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra las instrucciones de inicio de curso 25/26 de la Conselleria de Educación al considerar que impone medidas ilegales para la marginación y minoración del valenciano.

El recurso, presentado el pasado viernes, cuestiona dos artículos de las instrucciones, uno referido al Bachillerato, que niega en las zonas de predominio lingüístico castellano la posibilidad de organizar correctamente la enseñanza en valenciano si lo quieren los centros y que elimina en las mismas el porcentaje mínimo del 25% para cualquiera de las lenguas oficiales, como establece la legislación vigente.

En opinión del delegado UGT Serveis Públics, Kilian Cuerda, se trata de una medida deliberada de minorización del valenciano y una traba a la promoción y educación del alumnado en la lengua propia de la Comunitat Valenciana.

El segundo artículo recurrido establece el falso derecho del alumnado a hacer los exámenes en la lengua de su elección, sea valenciano o castellano, independientemente de la lengua vehicular de la materia, en materias no lingüísticas. Se trata, en opinión del sindicato, de una medida sin ningún sentido pedagógico ni educativo, que daña la educación del alumnado: el aprendizaje de ortografía, redacción, escritura, sintaxis y todo lo que supone la comunicación lingüística, se aprende y evalúa en todas las materias.

UGT considera que es un atentado a la autoridad y dignidad profesional del profesorado, que es quien decide cómo se evalúan las materias con criterios educativos, además de un ataque a la autonomía de los centros para organizar aspectos educativos y pedagógicos, reconocida por ley.

Hay que frenar esta agresión

UGT defiende que lo que pretende la Conselleria ha sido ya declarado ilegal por numerosos tribunales, tanto el TSJCV como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Una evidencia más de que se utiliza la Ley Rovira de medidas contra el valenciano para cometer fraude de ley y poner en marcha medidas ilegales. UGT pide al TSJCV medidas cautelarísimas y cautelares para frenar esta agresión en la educación del alumnado antes de que empiece el curso.

Por otro lado, el sindicato ha presentado otro recurso contra los recortes a las plantillas de Formación Profesional que está llevando adelante la Conselleria con la nueva orden de plantillas. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, reduce arbitrariamente la carga horaria de los grupos formativos a distancia respecto a los presenciales, de 30 horas semanales a 25 semanales.

Este recorte conlleva una pérdida directa de más de 3.000 horas de docencia y la eliminación de 167 plazas docentes en toda la Comunitat Valenciana. Una medida que representa un recorte encubierto de personal, sin justificación pedagógica ni memoria económica, que atenta contra el derecho a una educación pública de calidad.

Desde el sindicato se considera que el conseller comete un nuevo abuso contra el profesorado de FP, un nuevo paso en la degradación de la educación pública valenciana, que hay que sumar a la ilegal ruptura que hizo del acuerdo de plantillas firmado por todos los sindicatos de la mesa sectorial. “Después de aquella infamia, en los parches que pretenden sustituir el acuerdo, la Conselleria ejecuta nuevos recortes contra la educación valenciana”, apuntan fuentes de UGT Serveis Públics.

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