José María Ángel defiende que para el puesto de la Diputación no se exigía ninguna titulación universitaria

València

El alto comisionado defiende en un comunicado que no ha existido ninguna irregularidad en su acceso a la diputación de valencia en 1986 ya que para ese puesto no se exigía ninguna titulación universitaria, como demuestran las bases que se publicaron para el concurso de acceso a este puesto. Además, en el informe se detalla la documentación que aportó para optar al puesto en la diputación, entre la que no aparece el título universitario.

José María Ángel carga contra la agencia antifraude por realizar una investigación sobre su vida profesional sin avisarle y avanza acciones judiciales para defender su honor.

En el comunicado, José María Ángel detalla que su vinculación con la Diputación de Valencia se remonta al año 1981, cuando accedió a un puesto en el Archivo General de la Diputación de Valencia cuyo requisito era solo estar en posesión de un título de enseñanza media o bachillerato. En 1984 accedió a un puesto de técnico medio en esa misma institución y los requisitos, según explica, era presentar una memoria y superar un examen escrito. Según él ese proceso lo superó correctamente.

Ángel ha aportado las bases de esos concursos donde se puede comprobar que no se requería estar en posición de un título universitario. .

El alto comisionado también carga en el comunicado contra la agencia antifraude porque, según denuncia, no le ha informado sobre la investigación, lo que le ha impedido el derecho a la defensa. Anuncia que ejercerá todas las acciones legales para defender su honor "tras más de 40 años de servicio público y carrera profesional".

Sobre la polémica

El comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA en Valencia, José María Ángel Batalla, usó un título "presumiblemente falso" para acceder a un nivel y sueldo como funcionario de la Diputación de Valencia superior al que le correspondía por su nivel de estudios.

Así lo señala la Agencia Valenciana Antifraude en un informe al que ha tenido acceso EFE y que concluye que "el Sr. Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia, por lo que el título universitario que consta en su expediente personal como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso, ya que, además, no constan evidencias de que dicha titulación sea real".

Además, apunta a dos funcionarios de la Diputación que, "mediante una actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, no realizaron las comprobaciones oportunas para establecer si el título que constaba en el expediente personal del Sr. Ángel Batalla en la Diputación de Valencia era veraz y, por ende, han consentido y validado la situación irregular del Sr. Ángel Batalla".

De este modo, añade, Batalla podría haberse beneficiado del reconocimiento "de emolumentos superiores (sueldo, grado consolidado y trienios) a los que le corresponderían como funcionario del grupo D (actual C2)".

Es decir, como funcionario de un nivel básico, el correspondiente a funciones de apoyo administrativo, que exige solo haber completado la Educación Secundaria Obligatoria.

La Agencia Valenciana Antifraude señala que Batalla, y quizás otros dos funcionarios, podrían haber cometido un "ilícito administrativo disciplinario".

El informe relata cómo, aparentemente, Batalla no superó el primer curso 1975-1976, en la Facultad de Filosofía, Sección Geografía e Historia, de Valencia.

Y resuelve interrumpir sus indagaciones para dar traslado a la Diputación de Valencia, que en su caso deberá valorar qué acciones adoptar ante los "indicios de conductas presumiblemente constitutivas de ilícito administrativo disciplinario" por "varios funcionarios" de esa institución.

Además, solicita que "periódicamente, la Diputación Provincial de Valencia informe a esta Agencia respecto del trámite en que se encuentran las actuaciones, así como que, en el caso de que se acuerde el archivo del procedimiento, se comunique a esta Agencia dicha circunstancia".

En cuanto a la posibilidad de que los hechos constituyan, además de una falta administrativa, un delito, la agencia dice que ella "no tiene competencia en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial, ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones".

"En caso de que la autoridad judicial o el ministerio fiscal inicien un procedimiento para determinar el relieve penal de unos hechos que constituyen al mismo tiempo el objeto de actuaciones de investigación de la agencia, esta deberá interrumpir sus actuaciones y aportar inmediatamente toda la información de la que dispone, además de proporcionar el apoyo necesario, siendo un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida", recuerda.

El Gobierno ha pedido información a José María Ángel

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado esta mañana que el Ejecutivo ha pedido explicaciones a José María Ángel, tras las acusaciones de haber falsificado su título para convertirse en funcionario, y espera que se pronuncie este mismo martes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo en La Moncloa, la portavoz ha explicado que le han pedido información a través del Ministerio de Política Territorial, después de que el diario 'El Mundo' publicase que falsificó un título de diplomado universitario para acceder a la Administración.

A este respecto, fuentes gubernamentales se remiten a la versión del comisionado gubernamental, que niega los hechos y no reconoce el documento publicado que probaría la falsificación del título.

Aunque en el Gobierno admiten que es un asunto de gravedad en caso de ser cierto, consideran que tiene derecho a explicarse. Señalan además que Ángel forma parte de un cuerpo funcionarial al que se podía acceder con un título de educación media en aquel momento, en la década de los ochenta.

Posteriormente, por una reestructuración de la Administración, esa plantilla pasó a formar parte de una categoría de funcionarios para la que a día de hoy se requiere una titulación superior, aunque no era así en el momento en que Ángel accedió.

El comisionado niega la existencia del documento, un título presuntamente falso de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de València (UV) y el Gobierno no tiene constancia de que Ángel haya utilizado ese documento ni lo haya incorporado a su currículum.

Al tratarse de un funcionario público, la administración tiene registrados todos los títulos de formación que ha ido adquiriendo a lo largo de los años, pero el Gobierno no tiene constancia de que ese título de diplomado forme parte de esa documentación.

El PPCV pide a Antifraude el expediente, estudiará acciones y exige a Sánchez que "cese de inmediato"

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha calificado esta mañana de gravísima esa información que podría acarrear, según ella, penas de hasta tres años de cárcel y exige su dimisión inmediata o el cese por parte del presidente.

Camarero asegura que Ángel lleva cobrando 36 años de la Diputación de Valencia y pide explicaciones a Diana Morant, que es ministra de Universidades y, según ella, la responsable de los títulos que se expiden en las universidades públicas.

También exige al presidente Pedro Sánchez que explique por qué ha nombrado a José María Ángel como alto comisionado para la reconstrucción.

Desde la diputación de Valencia, su presidente, el popular Vicent Mompó, da por hecho que Ángel no tiene el título y ha defraudado a la institución.

Anuncia que se personarán en la causa que ha abierto la fiscalía e iniciarán los trámites para anular su plaza como funcionario en la Diputación y conseguir que devuelva todo el dinero que ha cobrado de más.

Y el síndic popular en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, anuncia que el grupo parlamentario ya ha pedido tener acceso al informe de Antifraude para estudiar posibles acciones legales.

Afirma que, de confirmarse, José María Ángel habría cobrado un sueldo superior al que le corresponde y pide a Pedro Sánchez que lo cese como comisionado de la reconstrucción tras la DANA.

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