PP y PSOE se vuelven a echar en cara el 'premio hotelero' de Benidorm

Benidorm

La política urbanística de Benidorm ha vuelto a situarse en el centro del debate municipal tras la polémica sobre el denominado ‘premio hotelero’, un mecanismo legal establecido en el año 2001 por el entonces alcalde Vicente Pérez Devesa (PP) para que los hoteles pudieran incrementar su superficie con una contraprestación al municipio.

La portavoz de la oposición del PSOE, Cristina Escoda, ha exigido la dimisión inmediata de la concejala de Urbanismo y portavoz del PP, Lourdes Caselles, a raíz de la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión del sistema que permitió a varios hoteles ampliar esa superficie a cambio de compensaciones económicas o urbanísticas para la ciudad.

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Según Escoda, el procedimiento lleva años paralizado y ha supuesto “un perjuicio millonario para el patrimonio local”. La edil socialista ha recordado que ya en 2017 el Síndic de Greuges instó al Ayuntamiento a resolver las irregularidades detectadas, con un informe del arquitecto municipal que detallaba los pasos a seguir. Sin embargo, denunció que Caselles no notificó oficialmente a los hoteles afectados hasta septiembre de 2024, siete años después.

La socialista sostiene que seis establecimientos siguen en situación irregular y que el gobierno local “no ha hecho nada por su legalización” hasta que la presión de la oposición y la denuncia presentada por el concejal socialista Sergi Castillo propiciaron la investigación del Tribunal de Cuentas. “En la notificación a los hoteles, la señora Caselles reconoce la situación irregular, pero tan solo se dedica a instarles a que inicien los trámites. No queremos palabras, queremos hechos”, subrayó Escoda.

Además, acusó al alcalde, Toni Pérez, y a su equipo de “perdonar durante años cantidades millonarias a los grandes empresarios mientras se aplicaba al conjunto de la población una subida de impuestos sin precedentes”. Por ello, ha anunciado que el PSOE estudia nuevas acciones legales para defender el patrimonio municipal y la igualdad de condiciones dentro del sector hotelero.

Escoda también incidió en que la competencia para otorgar o retirar las licencias con las que operan estos hoteles es exclusivamente municipal, de manera que el Ayuntamiento “tiene recursos suficientes para hacer cumplir la ley, aunque otra cosa es que no quiera aplicarlos”. En este sentido, consideró que Caselles y Pérez “no están capacitados para gobernar”.

La réplica del PP

La respuesta no tardó en llegar. La propia Lourdes Caselles defendió la gestión del actual gobierno municipal y replicó que quienes deberían dimitir son “los ediles socialistas que gobernaron entre 2009 y 2015, sin mover un dedo para regularizar la situación de los hoteles beneficiados por la incentivación hotelera”.

La edil popular sostuvo que la modificación del Plan General que introdujo el premio hotelero buscaba “potenciar la renovación de la planta turística y la subida de categoría de los hoteles”, pero que fue el PP, con Toni Pérez al frente, quien puso en marcha el proceso de regularización. “Nosotros fuimos los primeros en reunirnos con Hosbec y con los hoteles implicados, algunos de los cuales ni siquiera conocían la irregularidad por cambios en la propiedad”, explicó.

Caselles aseguró que en los últimos años se han tramitado siete Planes de Reforma Interior (PRI) que han conllevado compensaciones al municipio, ya sea mediante cesión de suelo para usos públicos o mediante aportaciones económicas. En su opinión, el PSOE “pretende engañar a la ciudadanía y tapar que durante su mandato no hicieron absolutamente nada”.

La concejal de Urbanismo recalcó que el actual gobierno del PP “ha activado toda la maquinaria para que los hoteles se pongan al día desde el punto de vista urbanístico” y avanzó que algunos establecimientos ya tienen la documentación aprobada mientras otros la han presentado. “Lo que les duele es que resolvamos un problema que deberían haber solucionado ellos”, concluyó.

La controversia sobre el ‘premio hotelero’ mantiene así enzarzados a socialistas y populares en Benidorm, con el Tribunal de Cuentas investigando el impacto económico de un procedimiento que lleva más de dos décadas generando debate en la ciudad turística.