Comisiones Obreras exige que se garantice el aborto en la sanidad pública valenciana pese a la objeción de conciencia

València

Comisiones Obreras denuncia que la Conselleria de Sanitat usa a los objetores de conciencia como excusa para no realizar abortos en los centros públicos y exige a la Generalitat que planifique mejor el personal para que las mujeres que interrumpan su embarazo no tengan que ser derivadas, en su gran mayoría, a centros privados. Los datos de la Conselleria reflejan que solo una de cada diez mujeres que abortan lo hacen en la sanidad pública, mientras que el resto son derivadas a centros privados pese a que el 75 % inician el proceso en hospitales o centros de salud públicos. El sindicato advierte que la objeción de conciencia, cuando es generalizada y afecta a todos los profesionales de un departamento, vulnera el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo conforme a la ley.

Yolanda Ferrández, responsable de Sanidad en Comisiones Obreras del País Valencià, asegura que la situación se ha convertido en un problema, ya que hay departamentos de salud como Elche, Dénia, Sagunt, Elda, la Marina Baixa o el Clínic de València donde, sistemáticamente, no se realizan abortos y todas las mujeres que interrumpen su embarazo lo hacen en centros privados. Ferrández alerta de que en algunos de ellos no se cumplen todas las condiciones que sí se garantizan en los hospitales públicos y pide revertir esta tendencia.

El número de interrupciones voluntarias del embarazo en 2024 en la Comunitat Valenciana fue de 10.000, mil más que el año anterior y casi 2.500 más que hace cinco años. La tasa en mujeres entre 15 y 44 años residentes en la Comunitat fue de 10,5 abortos por cada mil mujeres, superior a la del año anterior. El grupo de edad con la tasa más alta fue el de 20 a 24 años, con 16 por cada mil, seguido del grupo de 25 a 29 años, con 15,4. El 76 % del total de abortos los financió la Conselleria de Sanitat. La mayoría se efectuaron a petición de la mujer antes de las 14 semanas de gestación. Los abortos por graves anomalías fetales o anomalías fetales incurables supusieron el 2,4 % del total, siendo la causa más frecuente la detección de cromosomopatías.

Los casos en los que existe riesgo grave para la salud de la madre suelen realizarse siempre en centros públicos, pero el resto se llevan a cabo en privados. Comisiones Obreras denuncia además que la Conselleria de Sanitat no les facilita datos sobre el registro de objetores de conciencia que está obligada a crear por ley y que algunas comunidades, como Madrid, incumplen. Ferrández insiste en que se trata de una herramienta fundamental, ya que permitiría planificar el personal para garantizar este servicio en todos los departamentos de salud.

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