Afectados por la DANA presentarán una demanda civil contra el Gobierno y la Generalitat y piden 58 millones de euros

València

Comienza la vía civil de la depuración de responsabilidades por la gestión de la DANA. La Asociación de Afectados de l'Horta Sud prepara una demanda contra la Generalitat y el Gobierno reclamando responsabilidades patrimoniales por los daños provocados en la DANA del 29 de octubre.

Reclamaciones que se presentan contra la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar-dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)- -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- para exigir más de 58 millones de euros en compensaciones por los daños sufridos por 418 personas como consecuencia de la DANA, que siguen sin ser reparados cuando se cumple el primer aniversario de la catástrofe.

En concreto, por seis fallecimientos, 15 lesionados y daños en viviendas vehículos y empresas. Así lo han explicado en una rueda de prensa este jueves el CEO de Vilches Abogados, D. Manuel Hernández; el abogado del referido bufete, D. Gonzalo León, con el que hemos hablado en La Ventana Comunitat Valenciana, y el presidente de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, D. Christian Lesaec.

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Cumplir los plazos

La reclamación patrimonial es un procedimiento administrativo cuyo fin es reclamar a las administraciones públicas responsables los daños físicos, morales y materiales y que, en su gran mayoría, no se persiguen en el proceso penal que instruye el Juzgado de Catarroja.

El letrado Gonzalo Léon, asegura que se hace ahora porque se cumplía el plazo. "Lo hacemos ahora porque esta reclamación administrativa tiene un plazo de un año. Es decir, hemos apurado hasta el final para presentarla, coincidiendo además con el aniversario de la Dana, y lo hemos hecho así, porque toda la información que hemos podido obtener durante este año del procedimiento penal, nos ha servido para apuntalar esta reclamación". Y apunta, "la hemos presentado porque no debemos olvidar que el procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja solo valora a los fallecidos y heridos. La DANA no solo dejó fallecidos y heridos, sino que provocó muchos daños materiales en viviendas, vehículos y también daños morales".

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El abogado señala "que toda esa gente no está incluida en el procedimiento penal, por lo tanto, tenemos que abrir otra vía, porque tienen derecho. Para ellos, esta reclamación es igual de importante que el procedimiento judicial".

Las responsabilidades de las administraciones

Considera León que la Generalitat, a través de la Conselleria de Interior, tenía una serie de responsabilidades. "Tenía la obligación de prevenir a los ciudadanos para que se pusieran a cubierto. Pero no debemos olvidar que tanto la Confederación Hidrográfica como la Conselleria tenían la obligación de mantener limpios y en buen estado los barrancos que luego provocaron todos los daños. se es el foco o la base de nuestra reclamación. Lo que hemos tenido que apuntalar es la teoría de si esto era una situación previsible o si fue una situación sobrevenida, lo que se conoce como fuerza mayor. Pero el fundamento es que la Conselleria tenía la obligación de informar a los ciudadanos para que se pusieran a cubierto.Se hizo tarde y mal. Además, debían mantener en buen estado esos barrancos, que ya se ha demostrado que no reunían las condiciones necesarias para canalizar toda el agua que llegó.".

No cree el letrado que las administraciones contesten por lo que está seguro que acabará por la vía judicial. "Es un camino largo, pero es el que tenemos que iniciar".

Relevancia especial

Esta reclamación adquiere una relevancia especial porque busca paliar los efectos económicos que la riada ha tenido en numerosas familias y que no se han visto reparados. Los 58 millones de euros se reclaman en concepto de los daños morales y materiales, ya que los físicos están a la espera de las valoraciones de los forenses del procedimiento penal. No se descarta que a la demanda acaben sumándose más colectivos y afectados por la riada.

De este modo se abriría un nuevo proceso judicial en paralelo al que se instruye en el juzgado número 3 de Catarroja y que dirige la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Una instrucción que acumula más de 40 tomos, en la que están personadas 13 acusaciones populares y 185 asociaciones particulares, y en la que se ha tomado declaración a más de 350 personas, aunque faltan todavía decenas de testigos.

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