El PP de València busca el apoyo del PSPV y Compromís para sacar adelante la Zona de Bajas Emisiones

València

El ayuntamiento de València tiene un problema muy serio que tiene que resolver en los próximos 10 días. Si no aprueba de manera urgente la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones se enfrenta a un agujero económico que podría superar los 115 millones de euros.

Para que nos hagamos una idea, esto es casi el 10 por ciento del presupuesto municipal de un año y todo lo que se dedica en el capítulo de inversiones. La oposición insiste en que en este problema se ha metido sólo el PP por tratar de contentar a sus socios de Vox que en el último momento le ha dejado estacada.

Los populares se limitan a decir que van a tratar de negociar con Compromís y PSPV para buscar una solución.

Una millonada en juego

Y todo después de que el martes por la tarde en el pleno municipal no saliera adelante la propuesta de ordananza por el voto en contra de Vox que hasta la semana pasada siempre había apoyado el texto en todas las comisiones. El asunto no es baladí. No en vano, València se juega una millonada porque habría que devolver subvenciones europeas, se enfrenta a sanciones, incluso podría dejar de optar a futuras ayudas relacionadas con el transporte.

De las primeras, la ciudad ha recibido hasta 55 millones de euros si sumamos las dos convocatorias del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este dinero habría que devolverlo.

Pero es que además, el mal uso de esas ayudas conllevaría una multa que puede ser una o dos veces la cantidad concedida. De ahí que como mínimo el agujero para el ayuntamiento fuera de unos 115 millones.

Y a todo esto habría que sumar la imposibilidad de optar a nuevas ayudas para el transporte público, como los 38 millones de euros que recibe de los presupuestos generales del Estado la Autoridad del Transporte Metropolitano o ayudas para la gratuidad o los descuentos, como los hemos disfrutado desde que estalló la guerra en Ucrania.

Fecha límite: el 1 de enero tiene que estar en vigor

El caso es que, para que no ocurra esto, la Zona de Bajas Emisiones tiene que ser efectiva, incluida su parte sancionadora, antes del próximo 1 de enero. Es decir, no hay margen para llegar al próximo pleno ordinario, se debe aprobar en algún pleno extraordinario en los próximos días.

Aunque para eso, se necesitan 17 votos y el PP solo tiene 13, porque los 4 de Vox ya han dicho que no van a apoyar ninguna ordenanza que recorte el derecho de los ciudadanos a desplazarse en el medio de transporte que elijan.

El consenso de la Capital Verde, la línea roja de Compromís

Compromís asegura que de momento nadie en el PP les ha tendido la mano. Es lo que ha afirmado su portavoz, Papi Robles, que aún así insiste en que con ellos va a ser muy difícil negociar una Zona de Bajas que Emisiones porque viene de un partido que ha reabierto Colón al tráfico indiscriminado o no elimina el túnel de Pérez Galdós.

Robles pide a Catalá que vuelva al pacto que había cuando València fue elegida Capital Verde Europea. Lo que hay ahora es una propuesta de mínimos, que no va a reducir los niveles de contaminación en la ciudad, más aún cuando este último año el tráfico ha aumentado más de un 5 por ciento por las medidas del gobierno de PP y Vox.

Compromís ha vuelto a pedir la dimisión por incapaz del concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, pero señala a Catalá como la gran responsable.

Un bulevar García Lorca sin coches, la condición del PSPV

En la misma línea, los socialistas, que sí reconocen que el PP les ha comunicado que en los próximos días les va a hacer una oferta para tratar de sacar adelante la ordenanza. Propuesta a la que han respondido marcando ya cuáles son sus líneas rojas para que haya consenso.

La principal, que la Zona de Bajas Emisiones cumpla la normativa europea y tenga medidas que permitan reducir la contaminación en València.

Y eso cómo, pues primero ampliando el número de vehículos afectados, por ejemplo, reduciendo las excepciones o incluyendo también los que tengan etiqueta B, como ocurre en Barcelona.

Segundo, ampliando el ámbito de actuación para que barrios como el Marítimo, que ahora no están, no se conviertan en el aparcamiento de la ciudad para los que no pueden entrar.

Y tercero, acelerando los plazos de aplicación, como ha hecho Madrid, y no posponerlo hasta 2028, algo que tildan de electoralista.

Además, los socialistas incluyen una condición adicional: que por el futuro bulevar García Lorca no pasen vehículos como plantea el PP, según ha anunciado Borja Sanjuán, portavoz del PSPV.

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