València se enfrenta a multas millonarias por parte de la UE si no aprueba en las próximas semanas la zona de bajas emisiones

València

El Ayuntamiento de València está en riesgo de perder hasta 115 millones de euros en financiación europea si no aprueba e implementa antes de que acabe el año la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones. Esta cifra no solo incluye los 55 millones de euros concedidos en dos convocatorias de ayudas europeas —20 millones en la primera y 35 en la segunda—, sino también las posibles sanciones que la Unión Europea podría imponer por incumplimiento, que podrían duplicar el importe recibido. Es decir, València tendría que devolver las ayudas y asumir una multa equivalente, lo que elevaría el coste total a esos 115 millones.

La situación no solo implica sanciones, sino también la pérdida de fondos para una larga lista de proyectos estratégicos para la ciudad. Entre ellos, la propia implantación de la zona de bajas emisiones, la ampliación de la red de carril bici en el margen norte del río y sus conexiones con la plaza de España, y la creación de nuevos espacios peatonales en zonas como Isabel la Católica, la avenida Malvarrosa, las supermanzanas de Orriols y Petxina, y la plaza del Mercado de Russafa.

También quedarían sin financiación actuaciones para mejorar la accesibilidad al transporte urbano, la adquisición de 20 autobuses eléctricos, la electrificación de la cochera principal de la EMT y la digitalización de la red y la gestión de la flota de autobuses urbanos.

Segunda convocatoria

En la segunda convocatoria, se incluyen proyectos como la sensorización y monitorización de plazas para personas con movilidad reducida y zonas de carga y descarga, la creación de nuevas zonas peatonales y mejoras de accesibilidad en calles como Pérez Galdós, Sainetero Arniches, el entorno de los mercados de Torrefiel y el Grao, la plaza Favara, la plaza Santa Mónica, el entorno escolar de la calle Torrent y varios pasos de peatones.

Además, están previstas nuevas infraestructuras ciclistas en calles como Gaspar Aguilar, San Vicente, Tres Forques y Archiduque Carlos–Camino Nuevo de Picanya, así como obras para moderar la velocidad en Massarrojos y la implantación del sistema BRT en Blasco Ibáñez.

Para evitar perder esta financiación, el Partido Popular necesita alcanzar un acuerdo con la oposición en los próximos días, ya que la implantación de la zona de bajas emisiones requiere tiempo. El problema se agrava porque Vox, socio de gobierno del PP, ha decidido no apoyar ni siquiera una ordenanza de mínimos, lo que pone en riesgo toda la inversión.

En Hora 14, Edgar Lorenzo, investigador de la Universitat Politècnica de València especializado en calidad del aire, ha advertido que València ya llega tarde, pero aún tiene la oportunidad de diseñar una zona de bajas emisiones que realmente contribuya a mejorar la calidad del aire.

Según Lorenzo, la propuesta inicial del PP con Vox era muy limitada, con medidas que no entrarían en vigor hasta 2028 y con restricciones mínimas. Ahora, considera que se pueden plantear objetivos más ambiciosos, con mayores restricciones y una mejora paralela del transporte público.

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