Muchas de las personas migrantes que consiguieron regularizar su situación tras la DANA perderán esta condición
La falta de contrato o las notificaciones tardías impiden a muchos migrantes renovar su situación administrativa regular
Entrevista a Angela Pedraza y Katherine Trujillo
València
Un año después de la DANA muchas de las personas migrantes que se acogieron a la regularización extraordinaria perderán su condición de situación administrativa regular por no poder acreditar un contrato laboral o haber recibido la carta con poca antelación.
Angela Pedraza, presidenta de la Asociación València Acull, y Katherine Trujillo, del Colectivo Revolución Ciudadana, han estado esta mañana en el programa Hoy por Hoy Valencia. Ambas han explicado que muchas de las personas que se pudieron acoger a esta regularización extraordinaria están condenadas a volver a una situación administrativa irregular. Según Pedraza, bien porque no han podido acreditar un contrato laboral o porque la notificación les ha llegado muy tarde. Para Pedraza, ha sido un "parche momentáneo" del que muy pocas personas se han podido aprovechar.
Además, según la presidenta de la Asociación València Acull, cerca del 70% de las personas migrantes en esas localidades lograron acceder a la regularización, pero miles quedaron fuera por no poder acreditar su residencia mediante el padrón municipal. El requisito, que debía garantizar la identificación de domicilio, se convirtió en un obstáculo insalvable para quienes vivían en habitaciones sin contrato o en condiciones precarias.
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN HOY POR HOY VALENCIA
Quienes sí obtuvieron la documentación extraordinaria se enfrentan ahora a un nuevo problema: la autorización solo tenía un año de vigencia y estaba condicionada a la firma de un contrato laboral. Muchas personas no han conseguido el contrato o la notificación llegó demasiado tarde, lo que las condena nuevamente a la irregularidad administrativa.
“Lo que parecía un primer paso hacia la ILP de regularización que podría beneficiar a más de 700.000 personas en España, ha quedado en un fracaso”, denuncia Pedraza.
Manifestación este jueves 18 de diciembre
Tanto la presidenta de la Asociación València Acull, como Katherine Trujillo son las portavoces de la manifestación convocada para este 18 de diciembre en València, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Migrantes.
La protesta convocada este 18 de diciembre en Valencia no solo pone el foco en las consecuencias de la DANA y la insuficiente regularización extraordinaria. Los colectivos denuncian también trabas administrativas en el padrón municipal, el racismo inmobiliario y la creciente criminalización del colectivo migrante en el discurso político y mediático.
El padrón, un obstáculo que condiciona todos los derechos
Las organizaciones recuerdan que el empadronamiento debería ser un trámite sencillo, pero en la práctica se convierte en un muro. Sin contrato de alquiler o escritura, muchas personas no pueden acreditar su residencia. Aunque el Ayuntamiento de Valencia habilitó un empadronamiento especial para quienes viven en la calle o en habitaciones sin contrato, el proceso se ha vuelto lento y lleno de requisitos adicionales, según denuncian ambas portavoces. La situación se agravó este verano, cuando más de 8.500 personas fueron dadas de baja del padrón municipal por no renovar a tiempo, lo que las obligó a reiniciar todo el proceso y perder acceso a sanidad, educación y empleo.
Vivienda: el racismo inmobiliario
El acceso a la vivienda es otro de los grandes problemas. Según estudios como el de Provivienda, realizado a principios de 2025, el 99% de las inmobiliarias aplican condiciones discriminatorias a las personas migrantes. Los portavoces hablan de un “racismo inmobiliario” que descarta automáticamente a quienes no encajan en el perfil ideal de inquilino. Esta exclusión se traduce en un círculo vicioso: sin vivienda no hay padrón, y sin padrón no hay posibilidad de regularización.
Criminalización y discursos de odio
La manifestación también busca frenar la narrativa que vincula migración con inseguridad. Los colectivos alertan de que partidos de extrema derecha y determinados medios amplifican bulos que señalan a jóvenes migrantes como responsables de la violencia o la delincuencia, pese a que los informes oficiales del Ministerio del Interior desmienten esa relación.
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