Suspendido de empleo y sueldo un técnico de la Generalitat por visar la compra de una de las viviendas públicas para su propia mujer
A pesar de que los primeros informes aseguraban que todos los adjudicatarios cumplían los requisitos, la doble verificación ha revelado estas graves irregularidades y la Conselleria va a traslada el caso a la Fiscalía
Imagen de archivo de la urbanización Les Naus
Alicante
El escándalo de las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en una promoción de la playa de San Juan, en Alicante, salpica también a técnicos de la Generalitat. La Conselleria de Vivienda ha abierto un expediente disciplinario y ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario tras detectar que, presuntamente, maniobró desde su puesto para facilitar que su propia esposa accediera a una de estas viviendas.
La investigación interna estalló el pasado 30 de enero. Tras las informaciones que ponían en duda la limpieza del proceso, la Secretaría Autonómica solicitó un informe exhaustivo a la Dirección Territorial de Alicante. El resultado ha sido demoledor: el funcionario ahora expedientado fue el encargado de revisar, tramitar y acreditar favorablemente un expediente de visado en el que la solicitante era su mujer.
Según la Generalitat, el técnico omitió datos clave sobre su unidad de convivencia, ocultando ingresos y propiedades que, de haberse sumado, habrían invalidado el acceso a la vivienda protegida.
Sin responsabilidad políticas
Desde el Consell se han apresurado a desvincular cualquier responsabilidad política de este caso, asegurando que ningún cargo público está implicado. Insisten en que la emisión de visados es un procedimiento estrictamente administrativo, gestionado por técnicos de carrera sin intervención de cargos públicos.
Sin embargo, ante la gravedad de lo que consideran un "uso indebido de la posición" para beneficio propio, el Gobierno valenciano ha confirmado que trasladará toda la documentación a la Fiscalía de forma inmediata.
Reforzar controles
Este episodio ha forzado a la administración a replantear sus controles. A pesar de que los primeros informes aseguraban que todos los adjudicatarios cumplían los requisitos, la doble verificación ha revelado una brecha en el sistema de control.
Por ello, la Conselleria ha anunciado la creación de una "mesa de verificación" para reforzar la fiscalización en las Direcciones Territoriales. El objetivo es evitar que un solo funcionario tenga la última palabra en procesos tan sensibles como el acceso a una vivienda pública, garantizando que el interés general prevalezca sobre el particular.
