La construcción en Alicante hace un llamamiento a mujeres y jóvenes para suplir el déficit de 50.000 empleados en el sector

Alicante

El sector de la construcción tiene serios problemas para encontrar mano de obra en la provincia. El déficit, según la Federación de Obra Pública (FOPA), alcanza los 50.000 empleados. Por eso hace un "llamamiento a mujeres y jóvenes" y que piensen en la obra como una salida profesional.

El presidente de la federación, Javier Gisbert, insiste en que la falta de mano de obra cualificada se ha convertido en un "problema estructural", que afecta de manera directa al desarrollo de las obras y al cumplimiento de los calendarios contractuales.

Faltan oficiales, encargados y personal especializado como encofradores, ferrallistas o electricistas, por ejemplo.

Las empresas en Alicante, según matizan desde FOPA, obliga a las empresas a trabajar con plantillas incompletas y a solapar fases de obra que conllevan retrasos inevitables con consecuencias económicas, tanto en los contratos públicos como en los privados.

Por eso pide a mujeres y jóvenes, colectivos con más dificultades para encontrar trabajo, que piensen en la construcción como una salida laboral. A la administración lo que le exigen es que "agilice" la regularización de personas extranjeras.

Desde la federación se insiste en la necesidad urgente de reforzar la formación profesional enfocada al sector de la construcción.

Escalada de precios

Pero además, se plantea llevar la "brutal" escalada en los precios de materiales básicos para el sector como el acero o el cemento ante la Comisión de los Mercados y la Competencia por posible abuso tras la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).

Ha comenzado a aplicarse el 1 de enero y ha supuesto un incremento de hasta el 15% en materiales extracomunitarios para sufragar su impacto medioambiental.

Los incrementos "pueden poner en jaque la construcción de viviendas en un momento de limitación de la oferta y del alza de los precios de venta; además de afectar a la viabilidad de muchas empresas del sector que no tengan capacidad de reacción o músculo financiero para soportarlo", según Gisbert.

El presidente de FOPA ha apuntado directamente a la entrada en vigor de la nueva normativa europea, pero también ha apelado a la "responsabilidad" de los distribuidores y fabricantes que pudieran aprovechar esta circunstancia para mejorar márgenes de beneficio.

El sector se ha planteado recurrir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que analice "posibles abusos en la generación de precios y en la subida de determinados materiales sin justificación racional".

"En peligro" los planes de GVA

La situación puede ser dramática para el sector, y complicar aún más el acceso a la vivienda. Este incremento de precios del 15% en los materiales se suma casi al 35% que ha crecido en los últimos cinco años por distintas razones: un sobrecoste del 55% es muy difícil de gestionar”, ha lamentado el presidente de FOPA en un comunicado. En este contexto, considera que se reduce la capacidad de las empresas para absorber nuevos aumentos sin afectar al precio final o a la viabilidad de los proyectos.

De hecho, se teme que la escalada de precios y la falta de mano de obra puedan poner en peligro los planes de la Generalitat Valenciana y de muchos ayuntamientos para impulsar la vivienda protegida y asequible. En este tipo de promociones, el precio está fijado por norma y con este escenario no está adaptado a la realidad del mercado.

"Con costes al alza, precios topados y plazos cada vez más difíciles de cumplir, la vivienda pública corre el riesgo de convertirse en un modelo inviable para las empresas, lo que reducirá aún más la oferta y agravará el problema de acceso a la vivienda", alerta el presidente.