El Ayuntamiento de Alicante investigará a sus funcionarios, por si hay más agraciados de forma "irregular" con vivienda pública

Alicante

El Ayuntamiento de Alicante cruzará los datos de los adjudicatarios de las viviendas públicas investigadas por posibles irregularidades en la adjudicación con la plantilla actual de funcionarios para conocer si hay algún empleado municipal más relacionado con el reparto de los inmuebles.

Así lo ha anunciado el vicealcalde y portavoz municipal Manuel Villar tras la junta de Gobierno Local. Precisamente lo anuncia después de conocer el pasado lunes que un funcionario de la Conselleria de Vivienda había sido suspendido de empleo y sueldo por ocultar criterios y beneficiar a su esposa en esta adjudicación. Esposa que es, además, según ha confirmado el Consistorio, funcionaria de la Concejalía de Urbanismo. Se estudia también acciones disciplinarias contra ella.

Villar, no obstante, ha matizado que no se trata de una "caza de brujas" sino de aclarar si hay más funcionarios adjudicatarios "y si ha tenido relación con el procedimiento".

El vicealcalde ha anunciado también que el equipo de gobierno municipal ha presentado un denuncia en fiscalía para que investigue el asunto, aunque no ha aclarado si se ha detectado algún posible delito en la investigación interna municipal que se está llevando a cabo.

Asegura que se hace para que la justicia investigue, porque el ayuntamiento no tiene medios, dice, posibles irregularidades en el proceso una vez que el Ayuntamiento enajenó la parcela municipal para que la cooperativa se encargara de la construcción de estas viviendas.

Villar también ha explicado que el alcalde Barcala ha convocado para el próximo jueves, a las 17 horas, un pleno extraordinario y monográfico sobre este caso, tal y como le había reclamado la oposición.

La Generalitat también denuncia a Fiscalía

También ha acudido a Fiscalía la Conselleria de Vivienda. Con esta ya es la cuarta denuncia presentada sobre este escándalo, junto con las del Ayuntamiento, PSOE y Sumar. Lo ha confirmado la consellera y vicepresidenta, Susana Camarero.

Quieren desde la Generalitat que se investigue la actuación del funcionario autonómico, suspendido ya de empleo y sueldo, por validar datos de la VPP de San Juan para adjudicársela a su esposa.

Además, Camarero ha anunciado que se revisarán las adjudicaciones de promociones públicas del Plan VIVE autonómico en toda la Comunitat y que habrá reglas más severas en las próximas adjudicaciones. Se creará una comisión de evaluación de los visados para reforzar los mecanismos en la adjudicación de las viviendas. Habrá más publicidad y un registro de demandantes por cada una de las promociones.

Camarero, preguntada hoy en Valencia, ha recordado con respecto a este funcionario, que lleva desde 2019 ocupando este puesto, pero no es un cargo político. Añade que la Conselleria será contundente y no tolerará "ovejas negras" en la administración".

Compromís presentará mociones

Mientras, Compromís considera que el escándalo de las VPP de la playa de San Juan no es un hecho aislado sino "un modus operandi" que se repite en toda la Comunitat Valenciana. Va a presentar mociones en los ayuntamientos a través de la Diputación de Alicante para que se controlen todas las promociones de este tipo en los municipios.

Hay que mejorar los controles en la adjudicación desde los municipios y desde la Generalitat, ha dicho Ximo Perles, portavoz en la Diputación.

Por su parte, el portavoz local de Compromís, Rafa Mas, ha insistido en reclamar explicaciones al alcalde de Alicante de quien dice es, por acción u omisión, responsable del escándalo de las viviendas. Al igual que Ana Barceló, portavoz socialista, quien acusa al alcalde de no poner elementos de control.