El Partido Popular de Xàtiva habla de "consecuencias" tras la renuncia oficial al PIREP

Xàtiva

La renuncia del Ayuntamiento de Xàtiva a la subvención europea del programa PIREP para la rehabilitación del edificio consistorial ya es definitiva. Un decreto de Alcaldía ha confirmado oficialmente la decisión de no ejecutar el proyecto ante la imposibilidad de cumplir los plazos exigidos por la convocatoria estatal, un acuerdo que ha generado posiciones enfrentadas entre el equipo de gobierno y el Partido Popular.

El documento municipal reconoce que la obra debía estar completamente finalizada antes del 31 de marzo de 2026, un requisito que, según los informes técnicos, hacía “materialmente imposible” ejecutar la actuación dentro del calendario previsto. Por este motivo, el Ayuntamiento ha acordado no formalizar el contrato ya adjudicado y renunciar a una ayuda europea que ascendía a cerca de 2,8 millones de euros.

Críticas del Partido Popular

Desde el Partido Popular de Xàtiva se ha criticado con dureza esta decisión, calificándola como una muestra de incapacidad de gestión. El portavoz popular, Marcos Sanchis, ha señalado que “el rechazo a los fondos europeos ya es oficial” y que el propio decreto “reconoce por escrito que el Ayuntamiento no podía cumplir el plazo máximo de ejecución fijado por el Ministerio”.

Los populares consideran que el gobierno municipal ha perdido una oportunidad clave para la ciudad y advierten de posibles consecuencias económicas. En este sentido, recuerdan que el decreto abre un plazo para que las empresas licitadoras puedan reclamar compensaciones por los gastos derivados de su participación en el procedimiento, pese a que la obra finalmente no se ejecutará.

“Es especialmente grave que no solo se pierdan casi 3 millones de euros, sino que además se deje abierta la puerta a que el Ayuntamiento tenga que pagar gastos a empresas sin que se haya ejecutado ni una sola obra”, ha manifestado Sanchis, quien atribuye la situación a “falta de planificación, retrasos e improvisación”.

Argumentos del equipo de gobierno

Frente a estas críticas, el gobierno municipal ha defendido que la renuncia responde a criterios de responsabilidad y prudencia económica. En su momento, el Ayuntamiento explicó que la decisión se adoptó “después de un análisis exhaustivo de la situación actual del proyecto y de los plazos establecidos por el Gobierno, que no han sido ampliados a pesar de la complejidad de la actuación prevista”.

Según los informes técnicos, la ejecución del proyecto implicaba el cierre completo del edificio municipal y el traslado temporal de más de 150 trabajadores y de todos los servicios que se prestan, un proceso “complejo, costoso y que requeriría una planificación mucho más amplia que la permitida por los plazos actuales”.

El consistorio también ha advertido de que continuar con la obra suponía asumir un riesgo económico muy elevado. Tal y como se recogió en la explicación pública ofrecida por el equipo de gobierno, en caso de incumplir los plazos, el Ayuntamiento “corría el riesgo de tener que asumir un gasto de hasta 3,5 millones de euros”, una situación que se considera “inasumible y contraria a una gestión económica prudente”.

Reorientación de las inversiones

La renuncia permitirá al Ayuntamiento recuperar alrededor de 750.000 euros correspondientes al IVA de la actuación, cantidad que ya estaba comprometida y que ahora podrá destinarse a otras necesidades de la ciudad.

Entre las opciones que se barajan se encuentra financiar con recursos propios la IX fase del Puig, impulsar acciones de promoción económica o acometer la renovación de las ventanas del edificio consistorial para mejorar su eficiencia energética, una intervención que ya estaba incluida dentro del proyecto previsto en el PIREP.

Un debate político abierto

La decisión ha abierto un intenso debate político en Xàtiva. Para el Partido Popular, el decreto “certifica un fracaso político y de gestión” y demuestra que la ciudad ha perdido una inversión muy importante por falta de previsión. Para el gobierno municipal, en cambio, la renuncia evita un riesgo financiero inasumible y permite centrar los esfuerzos en proyectos estratégicos prioritarios como el Plan Edificant, el Plan Convivint o el desarrollo del Pla de la Mesquita.

Con la resolución ya firme, el Ayuntamiento deberá ahora replantear cualquier futura actuación en el edificio consistorial con recursos propios y en condiciones que resulten técnica y económicamente viables.