El Arzobispado de Valencia incorporará coordinadores de menores en las parroquias para prevenir abusos

València

La Oficina de Protección del Menor (OPM) del Arzobispado de València ha anunciado la incorporación de coordinadores de menores en las parroquias que ayudarán a los párrocos en la detección y prevención de posibles casos de abusos sexuales.

La directora de la OPM del Arzobispado de Valencia, Paula Galdón, abogada y profesora de Derecho Canónico, afirma que el objetivo y la prioridad de la Oficina y de la Iglesia es "proteger lo máximo posible a los menores y evitar cualquier posible caso de abuso".

Defiende que esta figura en parroquias y otras realidades eclesiales "será una ayuda grande porque aunque el responsable último es el párroco, le va a poder ayudar en toda la recabación de documentación que se está pidiendo desde la Oficina"

"Incluso nos gustaría que se llegara a tener un protocolo en cada parroquia y un plan de comunicación cuando ocurre algo en el ámbito de una actividad pastoral de una parroquia concreta, para saber cómo actuar, cómo atender bien a las familias, cómo estar al lado tanto de las familias de los menores que han sufrido, como del niño o la niña que ha abusado porque, efectivamente, también hay que ayudar al menor que abusa de otro menor, y ver cuál fue el origen y reconstruir la conducta. La Iglesia también tiene que estar ahí", sostiene.

Además, señala que sería interesante "desarrollar mapas de riesgos para que cada actividad, que cada campamento de alguna forma tenga todo preparado para que no pase nada y ojalá con toda esta parte preventiva y formativa podamos disminuir todos los abusos posibles".

Formación continua especializada

La OPM de Valencia ofrece formación continúa especializada a sacerdotes y también a agentes de pastoral y educadores que desarrollan su labor con menores.

Más de 2.500 agentes de pastoral y educadores han participado en jornadas de formación y el próximo 25 de abril continuará el programa con una nueva sesión.

Estas jornadas se enmarcan en la obligatoriedad establecida por el Arzobispado- dentro del Protocolo Diocesano- para garantizar entornos seguros en todas las actividades pastorales con menores, conforme a lo dispuesto por la normativa eclesial y las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española y la Santa Sede.

De hecho, la Archidiócesis de Valencia desde hace un tiempo está pidiendo como un requisito a todas aquellas personas que trabajan con menores que tengan una formación acreditada y certificada por la Oficina de Protección del Menor.

Ha valorado que, además del certificado negativo de delitos sexuales para las personas que trabajan con menores, desde que se elaboró el Protocolo de la diócesis, también piden una declaración responsable, "en la que se hace constar que se conoce el protocolo de la diócesis y que se va a vivir conforme a lo que allí se determina".

En la línea de los proyectos de formación de la OPM, destaca el acuerdo con la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia (UCV) para ofertar un certificado de 3 créditos ECTS en intervención integral en casos de abusos sexuales impartido por profesores expertos y dirigido a todas las personas que trabajen con menores y quieran profundizar en esta formación.

Legislación canónica más restrictiva

La directora de la OPM del Arzobispado de Valencia añade que "la legislación canónica de la Iglesia es más restrictiva que el ordenamiento jurídico español, civil o penal, en lo que se refiere a los delitos de contenido sexual".

Ha puesto el ejemplo de que para el Derecho Canónico una relación de contenido sexual entre un adulto y un menor -que están vinculados de alguna forma por una relación pastoral- "va a ser delito siempre aunque hubiera consentimiento y, sin embargo, en el derecho penal español si hay consentimiento -y una serie más de requisitos- probablemente no sería delito".

Lo mismo ocurre con el intercambio de imágenes o vídeos de contenido sexual que "para el Derecho Penal de la Iglesia va a ser delito incluso aunque sean conversaciones, no solo vídeos y fotografías, si hay una relación entre un adulto y un menor también con ese vínculo pastoral y, en cambio, en el ordenamiento español las conversaciones de contenido sexual no constituyen delito, si no es un vídeo de contenido más explícito entre un adulto y un menor".

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