UGT denuncia la privatización de siete centros de menores en la Comunitat Valenciana: "Conllevará una rebaja en la calidad asistencial"

València

El sindicato UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado el plan de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia para privatizar la gestión de al menos siete centros de menores en la Comunitat Valenciana, lo que implica el traslado de personal público a otros recursos y podría suponer un deterioro en la calidad asistencial. El sindicato recalca que esta decisión marcaría un cambio de modelo: de una gestión mixta, en la que convivían servicios externalizados con personal público, a una gestión completamente privatizada.

El organización sindical ya alertó el mes pasado de movimientos internos en estos centros, tras detectar la reubicación de más de 70 puestos de trabajo de distintas categorías (desde personal de mantenimiento hasta equipos educativos y directivos) hacia otros destinos. Según denuncia, la Conselleria contactó de forma individual con empleados públicos para recabar su conformidad ante posibles cambios de adscripción, en un proceso que, aseguran, se llevó a cabo al margen de las organizaciones sindicales.

Tras estas quejas, ambas partes mantuvieron una reunión el pasado 1 de abril en la que la Administración confirmó que un total de cinco centros de menores en la provincia de Valencia y dos en la de Castellón pasarán a ser gestionados por entidades privadas. Los centros afectados en la provincia de Valencia son los de acogida de Campanar, Xiquets y Xics; la Colònia Sant Vicent Ferrer, el centro de menores de Cabanyal, y la Residencia Juvenil Mislata II. El proceso, de hecho, se encuentra avanzado, ya que se están ultimando los pliegos de condiciones para la licitación y posterior adjudicación

En algunos casos la reestructuración ya ha comenzado. En el centro Xiquets, el personal público ha sido reubicado y, según las estimaciones sindicales, cerca de 80 trabajadores y trabajadoras públicas, incluidos cargos de dirección, serán trasladados, lo que dejaría sin plantilla pública estos centros.

La Conselleria, por su parte, se ha comprometido a informar a los sindicatos sobre la reubicación a medida que se aprueben los pliegos y asegura que no se amortizarán puestos de trabajo.

Plantillas precarias y calidad deteriorada

UGT considera que estas decisiones exceden de las potestades de autoorganización de la Administración y responden a una estrategia del Consell para vaciar servicios públicos y transferir su gestión a entidades privadas. El sindicato teme que este nuevo modelo rebaje las garantías y los mecanismos de supervisión que ofrece la gestión pública y matiza que, en el ámbito de la infancia tutelada, cualquier recorte de control público puede tener consecuencias graves sobre los derechos y la protección de los menores.

En este sentido, rechazan el cambio de modelo por entender que incrementa la opacidad y debilita las garantías. “La lógica del beneficio y del recorte de costes empuja a plantillas más precarias, mayor rotación y menos recursos educativos y terapéuticos, lo que deteriora la calidad y la continuidad de la atención a los niños y niñas tutelados”, apunta Paco Chapa, responsable de servicios sociales públicos del sector de Autonómicas de UGT Serveis Públics País Valencià.

Además, la organización sostiene que esta privatización desviará recursos públicos hacia empresas privadas y generará una red de centros con estándares desiguales y responsabilidades menos claras, lo que, a su juicio, debilita el compromiso directo de la Administración con la protección de la infancia y los menores.

El Consell niega privatización

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia asegura, por su parte, que en ningún caso se está produciendo una privatización de los centros de menores, sino una actuación necesaria para regularizar su situación administrativa, jurídica y laboral tras años de inacción.

Dice el departamento que dirige Elena Albalat que tienen previsto sacar a licitación los contratos de gestión de aquellos centros cuyos contratos se encontraban caducados, una situación que se prolongaba en algunos casos desde 2017. Esta anomalía generaba, explican, un escenario de inseguridad jurídica para las entidades gestoras, que operaban en una situación de enriquecimiento injusto, así como un perjuicio directo para las condiciones laborales de los trabajadores.

Con el objetivo de abordar esta y otras cuestiones que afectan a los centros de menores, representantes de la Conselleria, recuerdan, mantuvieron una reunión el pasado 1 de abril con los sindicatos con representación en la Administración, en la que se informó con total transparencia de las actuaciones previstas. En dicho encuentro se explicó que los nuevos contratos deben ordenar adecuadamente al personal que presta servicio en los centros.

Según la Consellera esta regularización responde a criterios estrictamente legales, dado que la normativa vigente no permite modelos mixtos en los que convivan, en un mismo centro, personal funcionario adscrito a la Administración junto a trabajadores dependientes de entidades gestoras. Por tanto, las medidas adoptadas, dicen, buscan adecuar la organización de los centros a la legalidad, garantizando una estructura coherente y jurídicamente segura.

La Conselleria asegura estar llevando a cabo una ordenación del personal y actualización contractual que corrige una situación heredada tras años de falta de actualización administrativa. Este proceso, sostienen, se está desarrollando con total transparencia, con garantías para los trabajadores y con diálogo con las organizaciones sindicales. Asimismo, se garantiza que no se produce amortización de puestos de trabajo, sino una reordenación conforme a la normativa vigente.

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