València invertirá un millón en contratar ya personal de refuerzo ante la regularización de migrantes

València

La alcaldesa de València, María José Catalá, insiste en calificar de chapuza el proceso de regularización de migrantes puesto en marcha por el Gobierno. Chapuza, según explica, porque son los ayuntamientos y las entidades del tercer sector las que tienen que realizar prácticamente todo el trabajo sin apenas información y sin recursos adicionales, lo que está provocando un colapso en los servicios municipales.

Catalá se queja de que el proceso está plagado de confusiones e inseguridades, y por eso ha anunciado que van a remitir una carta al Ministerio de Seguridad Social y Migraciones pidiendo que aclare, entre otras cosas, cuándo es necesario que los solicitantes dispongan de un certificado o un informe de vulnerabilidad y cuáles son los criterios para acreditar esa vulnerabilidad.

Además, en esa carta se va a solicitar al Gobierno que habilite recursos para atender el trabajo extraordinario que está suponiendo este proceso. Y es que las colas en la oficina del padrón o los servicios sociales se van a prolongar todavía algunas semanas más. Por eso, este viernes la junta de gobierno aprobará la contratación de urgencia de diez trabajadores sociales y 29 auxiliares administrativos, y calcula la alcaldesa que tendrán que estar al menos durante un año para atender la carga de trabajo extra. Eso supondrá un millón de euros que el Ayuntamiento quiere que pague el Gobierno de España.

Bernabé acusa a Catalá de "poner palos en las ruedas"

La delegada del Gobierno, sin embargo, ha acusado a Catalá de querer tapar sus vergüenzas poniendo palos en las ruedas de un proceso que es de toda la sociedad española, en el que colaboran activamente ayuntamientos también del PP, como el de Madrid. La acusa de querer generar dudas y malestar porque, de ese modo, intenta tapar las investigaciones que pesan sobre ella y sobre concejales de su equipo de gobierno.

Son declaraciones que ha realizado antes de un encuentro con las más de 30 organizaciones sociales que colaboran en este proceso. Desde Jovesolides, una de ellas, Lourdes Mirón explicaba que ya existe experiencia con el proceso que permitió la regularización de unos 50.000 migrantes afectados por la DANA, la mayoría de los cuales ya están trabajando.

Eso sí, ante la importancia del proceso y el volumen de solicitantes, así como las dudas de muchos de ellos, Mirón reclama la colaboración firme y decidida de todas las administraciones y, en especial, de los ayuntamientos, como administración más próxima a la ciudadanía.

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