Aguirre quiere listas abiertas, que los ciudadanos "tachen" a quienes no consideren aptos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado este martes un conjunto de medidas encaminadas a fomentar la eficacia, transparencia y austeridad en la Administración pública que pasan por la clarificación de servicios y competencias entre comunidad autónoma y ayuntamientos.

Una de sus primeras medidas en su discurso de investidura ha sido la constitución de una Comisión Mixta entre la Asamblea de Madrid y los ayuntamientos de la región, que presidirá la propia Aguirre, que determine "con claridad" las competencias de los municipios y la Comunidad "para evitar las duplicidades" de los servicios que se prestan al ciudadano, y la racionalización en la financiación de los mismos.

Aguirre ya fue la primera dirigente autonómica en plantear el pasado mes de octubre la necesidad de que cada institución tuviera que hacer lo que la ley le manda de manera que no pueda haber asuntos que se llevan a cabo por hasta cuatro administraciones diferentes.

Las líneas maestras de su discurso de investidura, que ha guiado su acción de gobierno en estas dos legislaturas, girarán en torno a la austeridad, control del gasto, equilibrio presupuestario, bajada de impuestos y libertad de elección.

En este sentido, y dentro de su política de austeridad y reducción del gasto público, se comprometerá a reducir "aún más" los coches oficiales, tras haber dejado a la mitad los correspondientes al servicios de los altos cargos, pasando de 139 a tan sólo 73.

También pretende reagrupar servicios y oficinas de la Comunidad de Madrid "para poner en venta todos los edificios" de la Administración autonómica "que no sean imprescindibles". Esta medida forma parte de la ya iniciada en el último año que ha permitido a las arcas públicas un ahorro de 7 millones de euros en el alquiler de edificios.

Respecto a la transparencia y un mayor control del ejercicio público, la presidenta quiere reformar la ley para lograr "que los ciudadanos se sientan mejor representados" en la Asamblea de Madrid.

Para ello propondrá en esta legislatura dividir la Comunidad de Madrid en circunscripciones para que el voto ciudadano valga lo mismo en cualquier parte del territorio, así como desbloquear las listas electorales, "de modo que el votante pueda expresar sus preferencias dentro de las listas presentadas" por los partidos políticos. El paso a este sistema de listas no bloqueadas sólo requeriría la reforma de la Ley Electoral Autonómica.

Si se consiguiera este consenso, dentro de cuatro años, en las siguientes elecciones autonómicas, los madrileños podrían decidir qué personas de las listas quieren que les representen, establecer un orden de preferencia e incluso tachar a aquellos que no les consideren aptos para el cargo.