Domingo, 04 de Diciembre de 2022

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Aguirre enseña su ley de "transparencia hipotecaria"

La Comunidad multará con hasta 600.000 euros a las entidades que puedan inducir a error a los consumidores

Esperanza Aguirre durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Esperanza Aguirre durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno / COMUNIDAD DE MADRID

La presidenta madrileña intervenía en la rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno para explicar los detalles de la futura Ley para la Protección de los Consumidores que quiere introducir transparencia en los contratos hipotecarios. Durante la campaña, Aguirre tuvo que modificar su programa electoral al ser contrario a lo que habían votado PP y PSOE meses antes en el Congreso.

Esperanza Aguirre comienza a dar forma a su compromiso de introducir transparencia en los contratos hipotecarios. Su propuesta inicial dio mucho que hablar durante la campaña electoral al anunciar que fomentaría la dación en pago, es decir, la cancelación de la hipoteca con tan solo entregar la vivienda al banco, tal y como reclama también el Movimiento 15-M, propuesta que se vio obligada a reformular y matizar. Y no solo eso sino que, en plena campaña, el PP de Madrid tuvo que modificar la redacción de este punto en su programa electoral ya que la Comunidad no tiene competencias para cambiar la Ley Hipotecaria. Meses antes, PP y PSOE habían rechazado en el Congreso una propuesta de Izquierda Unida en la que se apostaba por la dación en pago que era lo que en realidad reclamó Aguirre en un primer momento. Por eso, el borrador que se somete a consultas ahora deja bien claro que es una Ley para la protección de los Consumidores. En este sentido, la presidenta precisaba que la ley "protege los derechos de los consumidores mediante la transparencia en la contratación hipotecaria" con el objetivo de que quienes contraten una hipoteca sepan qué es "lo que están firmando".

Sanciones

La futura ley contempla sanciones por el incumplimiento de las condiciones contratadas, así como en caso de discrepancia entre la oferta vinculante y el proyecto de documento contractual. Estas sanciones pueden ser calificadas como leves, graves o muy graves, en cuyo caso podrían alcanzar los 600.000 euros.

Transparencia

La nueva normativa regula, por un lado, la transparencia en la información previa, y por otro la relativa al contrato que se firma. Se trata de distinguir "entre un contrato en el que la garantía hipotecaria es el bien inmueble de un préstamo personal con garantía hipotecaria donde no sólo se compromete el bien hipotecado sino los bienes presentes y futuros del tomador". El borrador del anteproyecto se va a remitir ahora a "todas las instituciones, asociaciones y agrupaciones que pueden hacer aportaciones", entidades bancarias, colegios de notarios y registradores, asociaciones de consumidores, etc.

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