La jueza Mercedes Alaya podrá consultar las actas de los consejos de gobierno de la Junta desde 2001
El Tribunal Supremo desestima por unanimidad la petición del gobierno andaluz para que permanezcan secretas. La jueza instructora de las irregularidades de los ERE tendrá acceso a ellas
(POLICÍA NACIONAL)
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo ha continuado hoy deliberando si las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta tienen o no carácter reservado. Por unanimidad han decidido que no y, por tanto, la jueza Mercedes Alaya puede leerlas.
El Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo ha declarado hoy la competencia de la juez de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), para acceder a las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2001.
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El Supremo adopta esta decisión en una sentencia en la que estima improcedente el requerimiento de inhibición de la juez reclamado por la Junta de Andalucía, alegando que esas actas eran secretas y no podían ser consultadas.
Para el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales -integrado por el presidente del Supremo, Carlos Dívar, dos magistrados y tres consejeros de Estado- "carecen de virtualidad las alegaciones de la Junta de Andalucía sobre la razonabilidad y proporcionalidad" de la petición de la juez, solicitud que además fue "confirmada judicialmente" por la Audiencia Provincial de Sevilla.
La magistrada desea conocer el contenido de las actas desde 2001 para comprobar si a la mesa del Consejo de Gobierno llegaron los reparos de la Intervención General sobre el procedimiento que se usaba desde 2001 para pagar los expedientes de regulación de empleo y para conceder las ayudas a empresas en crisis.
Alaya manifiesta, en uno de sus autos, que a pesar de las advertencias de la Intervención General de la Junta se usó desde mediados de 2001 la figura de la transferencia de financiación en lugar de emplear la subvención excepcional, como obligaba el procedimiento administrativo. Y José Antonio Griñán como consejero de economía lo supo, según la magistrada. Lo mismo que el consejero de innovación porque se lo informó reiterada y explicitamente, cree la jueza, la Intervención General en los informes anuales y de cumplimiento que elaboró.
La jueza Alaya reclamó en marzo esas actas de los Consejos de Gobierno, para evitar manipulaciones, dijo. Y los documentos han estado custodiados en un juzgado de guardia de Sevilla. En julio , la Audiencia ordenó que volvieran al Palacio de San Telmo a la espera de la decisión que finalmente ha tomado hoy el Tribunal Supremo.
