El Supremo permite acceder a las actas de gobierno a la juez que investiga el presunto fraude de los ERE

Varapalo del Tribunal Supremo a la Junta de Andalucía. El Tribunal de Conflictos, que preside Carlos Dívar, ha declarado improcedente el conflicto de jurisdicción promovido por el gobierno andaluz. La sala considera que la juez Mercedes Alaya, que investiga el presunto fraude de los ERE, puede consultar las actas de los consejos de gobierno celebrados en los últimos diez años.

Espaldarazo del Tribunal Supremo a la investigación por el presunto fraude de los expedientes de regulación de empleo en la Junta de Andalucía. El Tribunal de Conflictos, que preside Carlos Dívar y que componen tres magistrados y tres miembros del Consejo de Estado, ha autorizado a la juez Mercedes Alaya que consulte las actas de los consejos de gobierno celebrados desde el año 2001.

El gobierno andaluz recurrió la decisión al entender que se trata de documentos reservados. El Supremo señala, sin embargo, que esas actas "son públicas y que no tienen carácter reservado" por regla general. Las Administraciones Públicas, añade, "no pueden negarse a expedir las certificaciones y testimonios que les soliciten los tribunales excepto cuando se trate de documentación legalmente clasificada como reservada o secreta". En ese caso, y esa es la puerta que la sala abre a la Junta de Andalucía, "tendrán que dirigir una exposición razonada al Tribunal". Entendiendo que la medida sólo podrá afectar "a ese concreto y efectivo contenido reservado del acta pero no al resto de la misma que no pierde su carácter público"

No es procedente, concluye la sentencia, "la genérica negativa a remitir las actas solicitadas por la sola afirmación de que pueden contener documentos reservados, sin concretar dicha afirmación"