Sábado, 21 de Mayo de 2022

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Sor María, la primera imputada por el robo de niños, se niega a declarar

Estaba citada como imputada en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid

Sor María se niega a declarar / La monja María Gómez de Valbuena ha acudido esta mañana a su citación ante el juez que investiga el caso de una niña robada en Madrid en la clínica Santa Cristina en marzo de 1982. La religiosa se ha negado a declarar. A sor María se le imputan delitos de detención ilegal y falsedad en documento público. A su salida del juzgado, acompañada por una compañera de congregación y su abogado, le esperaban algunos afectados que la han increpado e insultado. La religiosa ha requerido de protección policial para meterse en el vehículo en el que se ha alejado de la sede judicial. / ATLAS ESPAÑA

La religiosa María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la causa de los 'niños robados'. La religiosa abandonó los juzgados custodiada por una decena de policías que llegaron a empujar a los periodistas que cubrían la información.

EFE

Afectados por el robo de bebés pasan la noche frente al convento de sor María / Hoy está previsto que declare ante el juez Sor María, la religiosa que está relacionada con el caso de los niños robados. Los miembros de las asociaciones de afectados han pasado la noche en vela para pedir que no se olvide lo sucedido.Alrededor de 25 personas, con un lazo amarillo en el pecho y un cartel con sus reivindicaciones, han pedido a la religiosa que hoy cuente la verdad. Porque para ellos ésto sería el principioSólo quieren el reencuentro entre padres e hijos, como el que, 30 años después, se produjo entre Marisa y Pilar. Su caso ha sido el que ha llevado a sor María hasta el tribunal. Aunque la delicada salud de la monja podría impedir su traslado hasta el juzgadoImportante jornada para ellos donde, además, se reunirán con tres ministros y el Fiscal General.  / ATLAS ESPAÑA

María Gómez Valvuena, la primera religiosa imputada por el posible robo de una menor en la Clínica Santa Cristina de Madrid, se ha negado a declarar en calidad de imputada en los Juzgados de Plaza de Castilla. Sor María, con el hábito de las Hermanas de la Caridad, acudió al Juzgado poco después de las ocho de la mañana - casi hora y media antes de la hora a la que estaba citada - acompañada por otra monja de la congregación. Ha entrado por una de las puertas laterales de los Juzgados de Guardia, evitando así los focos de la puerta principal.

La religiosa ha estado custodiada por agentes de la Policía Municipal en todo momento. Primero, en la sala de vistas donde esperaba antes de comparecer ante el juez. Y a la salida del edificio, una decena de agentes a modo de barrera de seguridad se encargaban expresamente de que evitar incidentes, dada la gran expectación mediática que ha producido su comparecencia. La religiosa fue escoltada hasta un vehículo de alta gama entre empujones a los periodistas que cubrían la información y las increpaciones de familias de afectados. Paloma Jiménez, presunta hija robada, contaba su caso. "¿Cómo os sentirías vosotros si ves que a ella la tienen tan protegida y a nosotros que nadie estaba para protegernos? Soy una niña robada. Nací el 3 de marzo del 1957, me enteré hace ocho años gracias a mi madre adoptiva que me explicó que no era mi madre. Me dijo que su hijo acababa de morir y se quedó conmigo".

La abogada Ana Jiménez, en representación de Maria Luisa Torres y su hija biolólica Pilar Álvarez, investigación que se instruye en este juzgado, ha señalado "que Sor María se ha limitado a decir que no declaraba y se encontraba tranquila".

Según fuentes judiciales, el magistrado Adolfo Carretero, que instruye la causa, continuará practicando diligencias. Mañana declararán en calidad de testigos los padres adoptivos de Pilar Álvarez, la joven que supuestamente fue arrebatada por la religiosa cuando era un bebé. El magistrado mantendrá la imputacion de María Valvuena por presuntos delitos de detención ilegal y falsedad documental.

La religiosa, que tiene cerca de 80 años y vive en un convento de las hermanas de la Caridad en Madrid, es la primera imputada que declara ante el juez después de que el magistrado recibiera la denuncia de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de María Luisa Torres, una madre que acusa a la monja de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina. La monja trabajaba como asistente social en ese hospital cuando, según la denunciante, ocurrieron los hechos.

El pasado día 3 María Luisa Torres, que declaró como testigo ante el juez, ratificó su denuncia y explicó que Sor María le quitó a su bebé por "adúltera", ya que el padre no era su marido, después de haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.

La comparecencia de sor María en el Juzgado ha coincido con la reunión que las asociaciones de afectados por los casos de 'niños robados' han mantenido este jueves con los ministros del Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además de con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y en la que el Gobierno se ha comprometido a elaborar un censo de posibles casos de "niños robados".

La Justicia prohibió la entrada por el garaje a la monja imputada

La religiosa alegó su avanzada edad pero el decano de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, José Luis Armengod lo denegó.

El decano de los jueces ha expresado además a la Cadena SER "sentirse molesto" por la forma en que ha sido protegida la religiosa mientras estaba en las instalaciones de los juzgados y cuando salió del recinto. Armengod recuerda que desde el decanato de quien depende la seguridad interior de los juzgados no se dio ninguna orden de protección especial a la imputada e incluso se le denegó el acceso a los juzgados por el garaje. El decano insistió en que se debía dar un trato igualitario como a cualquier otro justiciable. Por su parte, el juez Adolfo Carretero, encargado de la investigación tampoco intervino en el dispositivo de protección de la imputada.

La protección de la religiosa fue exclusivamente determinada por la Policia Municipal que custodió a la religiosa en todo momento tanto en el interior de los Juzgados de Plaza Castilla como a la salida por una de las puertas laterales. Los agentes de la Policia municipal llevaron a la religiosa a unas dependencias cercanas al juzgado 47 para evitar que estuviera esperando en el pasillo e impidieron el acceso de los informadores de los medios comunicación a esta imputada. En el exterior un dispositivo de varios agentes realizaron un pasillo de seguridad para proteger a la religiosa hasta que entro en un vehículo Mercedes que la estaba esperando.

Un portavoz de Policía Municipal de Madrid ha reconocido a la SER que los agentes protegieron a la religiosa ante la presencia de un grupo de personas no identificadas que están junto a los medios comunicación esperando a la salida de los juzgados. Los agentes actuaron de forma preventiva ante la posibilidad de que pudiera ocurrir algún altercado.

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