La jueza Alaya imputa cuatro delitos al exdirector de Trabajo Juan Márquez
Son los delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir el delito
La magistrada que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, entiende que el que fue director de Trabajo de la Junta entre 2008 y 2010, Juan Márquez, mantuvo el procedimiento de pago de las ayudas de su antecesor, Javier Guerrero, aunque era consciente de su ilegalidad porque contaba con dos informes jurídicos que así se lo decían. Y a pesar de ello, ni puso los hechos en conocimiento de los juzgados ni inició procedimiento alguno para reclamar el dinero ilegalmente otorgado. Así lo ha puesto de manifiesto la jueza al leerle su escrito de imputación. Juan Márquez firmó ayudas por algo más de 154 millones de euros.
Más información
- Daniel rivera ex director de empleo:"Yo puedo tener responsabilidad política pero no penal"
- El Ayuntamiento de Boadilla contrató dos conciertos con una empresa inmobiliaria
- La jueza Alaya no rebaja la fianza de Fernández
- Libertad para el exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía
- La juez de los ERE en Andalucía investiga a una empresa de los hermanos de Fátima Báñez
- Alaya deja libre a Agustín Barberá y le imputa 247 ayudas "arbitrarias"
Márquez, por su parte, ha tratado de hacer ver con sus respuestas que ese sistema era válido a pesar de que ha reconocido que no conoce el contenido del Convenio Marco de 2001, el que estableció la transferencia de financiación de la Consejería de Empleo al Ifa, luego Agencia Idea, para pagar las ayudas a empresas en crisis o a particulares. "Ni me lo leí ni lo estudié ni lo analice. Me lo explicaron", ha manifestado aunque no se ha recogido así en el acta, según los abogados presentes. También ha reconocido que "no sabía" si había fiscalización previa del gasto. "Yo no he visto un interventor nunca. Era un responsable político. Yo coordinaba", ha subrayado.
El exalto cargo ha contado que cuando llevaba un año al frente de su departamento fue cuando observó "el déficit administrativo" que existía en la Dirección General de Trabajo y lo puso en conocimiento del consejero y viceconsejero tanto por escrito como de forma verbal. La respuesta fue, ha señalado, que había que dar "cobertura a los compromisos adquiridos".
Márquez ocupó el puesto que dejó Javier Guerrero, hoy en prisión. Lo mismo que el exconsejero de Empleo cuando estos dos directores generales ocuparon el cargo, Antonio Fernández.
Márquez supuestamente permitió la inclusión de intrusos en distintos expedientes de regulación de empleo, entre ellos otro exalto cargo, Juan Rodríguez Cordobés.
