Libertad bajo fianza de 450.000 euros para el exconsejero Antonio Fernández

La Audiencia de Sevilla revoca el auto de la jueza Alaya y deja en libertad bajo fianza al exconsejero imputado en el caso de los ERE

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla deja en libertad bajo fianza en metálico de 450.000 euros al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. La Sala le obliga a comparecer cada martes en el juzgado de instrucción que él mismo designe y tiene prohibido salir de España. Los jueces entienden que no existe riesgo de fuga ni tampoco riesgo de destrucción de pruebas. La familia y los amigos de Fernández están tratando de reunir el dinero.

La Audiencia cree que Fernández usó de forma perversa, delictiva y desviada el Convenio Marco, que estableció la fórmula de la trasferencia de dinero de la Consejería de Trabajo a la Agencia Idea, para pagar los ERE. Pero los jueces dan una de cal y otra de arena.

El auto dice que el imputado no se adhirió a la póliza de González Byass y no la cobró. Es "un dato objetivo" aunque no se puede determinar si fue porque ya había trascendido que se investigaban los ERE pagados por la Junta o por otra razón, señala. Y añaden que no se puede tener "una certeza clara y manifiesta de que la relación laboral entre el imputado y su antigua empresa estuviera rota". La jueza Mercedes Alaya le imputó un delito de cohecho porque cree que tuvo intención de cobrar una prejubilación siendo el máximo responsable de la Consejería de Empleo que era quien sufragaba el ERE. Si no lo cobró, piensa la instructora, fue porque saltó a la prensa que habían aparecido intrusos en distintos expedientes.

La Audiencia afirma que existen "indicios racionales y contrastados de la perversa utilización delictiva de las herramientas que el Convenio de 2001 proporcionaba así como de la participación del apelante en ese uso desviado". De momento, los magistrados afirman que no disponen de datos objetivos y elementos de juicio suficientes para pronunciarse sobre si era ajustado a derecho o no el procedimiento instaurado por la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas, la conocida como transferencia de financiación. "Con independencia de la legalidad o no del procedimiento creado por la Consejería, para rece incontestable en este momento que son múltiples las anomalías que a su amparo se produjeron", manifiesta la sala.

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Antonio Fernández ingresó en prisión el 24 de abril tras cuatro días de declaración judicial. Está imputado de cuatro supuestos delitos continuados: prevaricación, malversación, fraude en la obtención de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios. Y de un delito de cohecho y otro de falsedad en documento mercantil.