Un expolicía local de Córdoba pide que le ayuden a morir

Francisco sufre una variante muy agresiva de la esclerosis múltiple, lo que le ha provocado en los últimos diez años la pérdida total de su autonomía, e incluso de su capacidad para hablar. La enfermedad sigue respetando, sin embargo, todas sus facultades mentales que permanecen intactas, lo que hace que Francisco sea consciente del deterioro progresivo de su salud

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El caso de Francisco Guerrero, un ex agente de la Policía Local de Córdoba afectado por una grave enfermedad, ha vuelto a reabrir el debate sobre si a pesar de lo avanzado de la Ley de Muerte Digna de Andalucía, es necesario o no que nuestro país cuente con un nuevo marco legal más flexible para enfermedades que, como la suya, no son de carácter "terminal".

Francisco sufre una variante muy agresiva de la esclerosis múltiple, lo que le ha provocado en los últimos diez años la pérdida total de su autonomía, e incluso de su capacidad para hablar. La enfermedad sigue respetando, sin embargo, todas sus facultades mentales que permanecen intactas, lo que hace que Francisco sea consciente del deterioro progresivo de su salud.

Preguntados al respecto en la calle, la mayoría de los ciudadanos encuestados son partidarios de que cada persona pueda libremente decidir su derecho a la vida o a la muerte. A pesar de ello, la encuesta revela también que existe un alto grado de desconocimiento sobre la norma; tanto en los supuestos que contempla la ley, como en las implicaciones legales que tiene practicar la eutanasia activa, que hoy por hoy es un delito.

De hecho el doctor, Pedro Melguizo, vocal de la Red de Comités de Ética del Sistema Sanitario Público de Andalucía ha reconocido que "hay claro retraso en el debate político sobre un problema que ya está en la calle, y sobre el que existe un debate social y profesional", de ahí que haya instado tanto al Congreso como al Parlamento Andaluz a que regule de una nueva forma el derecho de los pacientes a tomar decisiones al final de su vida".

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Francisco ha encontrado el apoyo de la asociación Derecho a Morir Dignamente, cuya presidenta en Andalucía, Isabel Torres, ha abogado hoy por que "la ley se abra para incorporar casos como éste, en los que el paciente no sufre una enfermedad terminal, pero si degenerativa, hasta el punto de considerar que no les permite tener una vida digna"

El debate llega también a la magistratura y a la Iglesia católica. Desde Jueces para la Democracia, su portavoz, Joaquín Bosch, ha recordado que "no se puede imponer la vida contra la voluntad del titular" y que "la regulación penal debería implicar la falta de castigo en aquellos supuestos en los que exista una petición seria, inequívoca y clara de una persona que está sufriendo graves padecimientos permanentes y muy difíciles de soportar".

Desde la Diócesis se manifiesta también el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien sostiene "que la doctrina de la Iglesia es la de no ir contra la vida, pero que tendrán que estar atentos ante lo que consideran que es una llamada de atención ante una situación de petición de ayuda".

En Córdoba 1889 personas han solicitado la declaración de voluntad vital anticipada, el documento que garantiza el tipo de actuación sanitaria que uno quiere que se le preste en caso de que no pueda decidir por si mismo.