Martes, 13 de Abril de 2021

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Madrid pierde dinero con los contratos que mantiene con Capio

El Gobierno madrileño paga las nóminas de 98 trabajadores que trabajan para la empresa privada que gestiona el Centro de Especialidades de Argüelles. Esos sueldos a la Comunidad le cuestan más de dos millones y medio al año. Sin embargo, anualmente, Sanidad sólo le reclaman a Capio un millón

Imagen del Centro de Especialidades de Argüelles

Imagen del Centro de Especialidades de Argüelles

Según cálculos basados en el salario medio de las categorías de estos 98 trabajadores, la Comunidad de Madrid estaría dejando de reclamar un millón y medio de euros año a la empresa Capio. Este problema se arrastra desde el año 2009, fecha en la que la Comunidad de Madrid permitió que 98 trabajadores del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) siguiesen trabajando en el Centro de Especialidades de Argüelles, cuya asistencia sanitaria se puso en manos de la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por la empresa privada Capio. La Comunidad de Madrid asegura que sólo le puede reclamar el dinero equivalente a los servicios prestados por estos trabajadores, no por sus nóminas.

Hablamos de médicos, enfermeras, celadores, técnicos de laboratorio... Y así hasta 98 personas, trabajadores de la Comunidad, pagados por la Comunidad, pero que han prestado un servicio para Capio.

Lo vienen haciendo desde el año 2009, fecha en la que Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Armando Resino, permitió que este personal no fuese trasladado al nuevo Hospital Puerta de Hierro. No se fueron tampoco a otros centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Se quedaron en el Centro de Especialidades de Argüelles (conocido como Quintana).

Por todos estos trabajadores, la Consejería de Sanidad viene pagando, desde hace cuatro años, algo más de dos millones y medio de euros al año, según cálculos basados en el salario medio correspondiente a esas categorías.

Sin embargo, según nos admiten desde la Consejería de Sanidad, anualmente Madrid sólo le reclama a Capio un millon de euros, un millón a cambio de la actividad prestada por estos trabajadores. Es decir, cada año, la Comunidad de Madrid habría dejado de reclamar, un millón y medio de euros, según nos advierten las fuentes consultadas.

La Comunidad de Madrid se defiende alegando que el contrato que mantiene con la Fundación Jiménez Díaz sólo le obliga a pagar por los servicios prestados, y no las nóminas de los trabajadores que realizan esta actividad, trabajadores, que, insisten, ofrecen un servicio público para todos los madrileños.

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