La concesionaria de la M-30 conocía 10 meses antes del siniestro los fallos de seguridad

La investigación del incendio en un pozo de la M30 el pasado mes de octubre ha puesto en entredicho la seguridad y el mantenimiento del proyecto estrella de Alberto Ruiz Gallardón en su etapa al frente del Ayuntamiento de Madrid. El informe de la policía judicial, al que ha tenido acceso la Cadena SER, revela que el sistema de protección contra incendios, el sistema de alarma contra incendios y las cámaras de seguridad de los túneles no funcionaron. Además, la investigación ha constatado fallos similares en otros tres pozos de la citada vía. La empresa de mantenimiento tenía sobre su mesa diez meses antes del fuego presupuestos de dos empresas para solucionar las deficiencias.

La investigación del incendio en los túneles de la M30 que el pasado 26 de octubre acabó con la vida de dos empleados de mantenimiento de esta vía de circunvalación de la capital ha destapado un cúmulo de fallos de seguridad. El informe de la policía judicial, al que ha tenido acceso la Cadena SER, señala que los responsables de esta empresa, EMESA, conocían diez meses antes del siniestro que el sistema de protección de incendios y el sistema de alarma contra incendios no funcionaban y tenían sobre su mesa dos presupuestos para corregir las deficiencias. El primer sistema, el que apaga las llamas mediante agua nebulizada, se encontraba "fuera de servicio y parcialmente desmantelado, con lo que nunca funcionó, ni podía funcionar para controlar el incendio", según la policía.

El documento añade que la cámara de seguridad situada en el acceso al pozo incendiado poco después del fuego "enfoca a la pared por causas que se desconocen con lo que no aporta nada de interés a la investigación". La policía sospecha que por allí accedieron los dos trabajadores fallecidos. Los fallos detectados en este pozo no son un hecho aislado, los agentes ponen por escrito que inspeccionaron otros tres y "todos tenían el sistema de control de incendios con avería".

A pesar de todo, el informe subraya que "no existe una relación de causalidad entre el fallo del sistema de protección contra incendios y el fallecimiento de los trabajadores" porque fueron ellos los que "burlaron la presencia de bomberos y cometieron la imprudencia de acceder a la planta siniestrada" respirando "gases sulfurosos" que acabaron con su vida. Sí que aprecian los agentes relación con los daños materiales causados en la instalación que se estiman en más de 1,2 millones de euros.