Sociedad

Querella criminal contra el Ayuntamiento de Botella y la EMVS

Los inquilinos de los 5 edificios sociales que el Consistorio quiere vender desde octubre han presentado su denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla

Vecinos con alquileres sociales de la EMVS presentan la querella contra el Ayuntamiento de Ana BotellaCADENA SER

Aseguran que han sufrido un goteo constante de visitas y llamadas insistiéndoles en que si no abandonan las viviendas van a perder su derecho a ser realojados y que incluso les están impidiendo pagar el alquiler.

Con sus camisetas naranjas de la plataforma 'Yo No Me Voy' asomando entre los abrigos y paraguas, ha llegado una decena de vecinos a los juzgados de plaza de Castilla. Acusan entre otros a la alcaldesa de Madrid, a la concejala de Urbanismo y a ocho altos cargos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) de delitos contra la moral, coacciones y estafa.

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Según se lee en la querella las 116 familias afectadas llevan meses sufriendo un "plan ordenado" para desgastarles y conseguir que dejen vacíos los cinco edificios públicos que Botella quiere rentabilizar. Aseguran los inquilinos que han sufrido un goteo constante de visitas y llamadas insistiéndoles en que si no abandonan las viviendas van a perder su derecho a ser realojados y que incluso les están impidiendo pagar el alquiler.

Vecinos, la mayoría de ellos mayores, que piden a la alcaldesa que se haga cargo de su situación. "Esto no lo vive bien nadie, me parece que nos van a cortar la vida después de llevar en esta casa 26 años", dice Jesús Simón Aulés, que quiere que Botella "piense en aquellos que no tenemos un duro". En este sentido, el portavoz del colectivo, Salvador Martín, denuncia que la opción de realojo "no es viable. El desarraigar a gente muy mayor de los sitios que conocen suponen un trauma que nadie se puede imaginar. Y en nuestros edificios el 80% de las personas está por encima de 70 años".

"Estoy en paro desde hace 5 años y en marzo ha hecho 23 años que vivo en mi piso. Esto nos ha afectado a todos muchísimo, están atentando contra la salud de todos los vecinos", lamenta Ana María Esteban. Y es que según un informe psiquiátrico los beneficiarios de estas viviendas sociales destinadas a colectivos especialmente vulnerables están sufriendo problemas psicológicos. El 17% de ellos llegado a pensar en quitarse la vida.

"Nos van a cortar la vida después de llevar en esta casa 26 años"

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