El Constitucional admite a trámite el recurso contra la privatización sanitaria de Madrid

Tras la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, se abre ahora un plazo de 15 días para que la Comunidad de Madrid presente las alegaciones oportunas. Precisamente, desde este miércoles las empresas interesadas en la gestión sanitaria de los nuevos hospitales pueden presentar sus ofertas. El consejero de Sanidad de Madrid comparece esta tarde en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid para dar los detalles de las condiciones y los requisitos que tendrán que cumplir las compañías interesadas en este proceso.

En el mes de marzo, un grupo de 50 senadores presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la inminente privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y 27 centros de salud. Los socialistas canalizaron el informe jurídico que elaboró el despacho López Rodó & Cruz Ferrer, contratados por los propios médicos con la recaudación que consiguieron a través de donaciones.

El Constitucional ha admitido a trámite ese recurso en el que se dice que "la externalización sanitaria" vulnera varios principios constitucionales. Primero, porque "el Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, no es competente para llevar a cabo contratos de gestión de servicios públicos de asistencia sanitaria" y, segundo, porque "los madrileños que residan en los territorios con hospitales privatizados serán atendidos en función del coste de sus tratamientos y en función de que pertenezcan o no a esos hospitales". Es decir, los críticos con la privatización sanitaria temen que Madrid sufra un 'aparheit sanitario'.

Según los abogados que elaboraron el recurso, admitido ahora a trámite por el Constitucional, la privatización de la sanidad pública madrileña "supone un ataque a la calidad del modelo público deteriorando de forma intencionada el sector para justificar la entrada de empresas privadas".

Se abre ahora un plazo de 15 días para que la Comunidad de Madrid formule alegaciones, pero el proceso es imparable porque, en cualquier caso, el Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad de la inminente privatización.

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Los abogados contratados por la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM) están trabajando ya para pedir al Constitucional medidas cautelares, es decir, que suspendan temporalmente el proceso privatizador. "La sentencia que acaba de declarar nulos los nombramientos a dedo de los concejales tumba una ley de 2003, es decir, han tardado 10 años en resolver el recurso. Si con la privatización ocurre lo mismo, 10 años es justo lo que durará la concesión, por eso queremos que se suspenda cautelarmente el proceso de privatización", ha explicado a la Cadena SER el abogado Juan de la Cruz.

Habrá más recursos

Los socialistas esperaban con mucho interés esta noticia, una confirmación que "avala su lucha", dicen, "es un paso más en su batalla", y poco a poco, sienten que se van acercando a su gran objetivo "frenar como sea la inminente privatización".

El socialista Tomás Gómez ha celebrado la vía que se abre en el Constitucional, pero ya ha anunciado que van a abrir otra ofensiva contra los pliegos que se acaban de publicar.

Precisamente, desde hoy, las compañías interesadas en este proceso privatizador pueden presentar ya sus ofertas. Las condiciones que tienen que cumplir ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, era el paso definitivo que quedaba para la inminente privatización de la gestión sanitaria.