La Audiencia de Sevilla anula por falta de motivación un auto de la jueza Alaya

Es la primera vez que ocurre en casi tres años de instrucción. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha anulado un auto de la jueza Mercedes Alaya por "falta de motivación". Es el auto en el que bloqueó los productos bancarios y financieros del mediador de los ERE encarcelado Juan Lanzas y, también, las cuentas de sus padres.

El auto llega en un momento en el que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado que la Junta recurrirá, por falta de motivación, el auto de imputación de la exconsejera, Magdalena Álvarez, y otra veintena de altos y exaltos cargos del gobierno andaluz.

"La extricta exigencia de la seguridad jurídica exigiría la precisión de la parte dispositiva", afirma la sala, "sin que baste la simple mención de algunos imputados de modo que sea obligado interpretar o deducir a quien se refiere".

La Audiencia de Sevilla argumenta que el auto es nulo por " un defecto de motivación" que vulnera el derecho de Lanzas a la tutela judicial efectiva. Explica que el auto de Alaya es genérico porque incluye a familiares del imputado y "ni siquiera detalla los productos bancarios y financieros teniendo en cuenta que algunos son de terceras personas".

La Sala resuelve que "se deje sin efecto el auto recurrido por falta de motivación y porque es un auto genérico en el que incluye a familiares de Lanzas".

Juan Lanzas está en prisión desde marzo. La Audiencia también corrigió a Alaya cuando dijo que podía salir en libertad si pagaba una fianza de 450.000 euros, un dinero que todavía no ha conseguido reunir. Este imputado, según la magistrada, se llevó de manera ilícita más de 13 millones de euros de las sobrecomisiones que, según la investigación, pagó la Junta a las consultoras por tramitar los expedientes de regulación de empleo subvencionados con dinero público. "Es una de las personas que más activamente ha participado en el desvío de fondos públicos de la trama", explicaba Mercedes Alaya en uno de sus autos. Por cada ERE en el que mediaba se llevaba una comisión del 5% de lo que costaba; y cobraba parte del dinero a través de empresas pantalla que supuestamente hacían facturas falsas.