Una veintena de trabajadores de Isofotón se encierran en la Delegación de Empleo

Los trabajadores han iniciado el encierro indefinido este lunes. Son afectados por el último ERE presentado por Isofotón que supuso el despido de 360 empleados.

Una veintena de trabajadores de ISOFOTON mantienen desde este lunes un encierro indefinido en la delegación de empleo de la Junta de Andalucía en Málaga en demanda de una reunión con el consejero del ramo Antonio Ávila.

Se trata de trabajadores despedidos tras el último ERE presentado por la empresa de placas solares y que ha afectado a 360 empleados. Aseguran que aún les deben varios pagos y piden la mediación de la administración autonómica. Los trabajadores mantienen que ni han cobrado el finiquito, ni la indemnización por despido y aún les deben las dos últimas nóminas. Quieren que la Junta de Andalucía medie en el conflicto.

Los empleados iniciaron la tramitación de demanda colectiva (y también individual) contra la compañía que asegura que NO tiene dinero ni para pagar indemnizaciones ni para pagar la nómina.

Isofotón señaló que solo llevando a cabo este ajuste se garantiza la viabilidad de su fábrica de placas fotovoltaicas. En la documentación aportada se justifica que los bancos no están dispuestos a refinanciar la deuda de más de 180 millones de euros y además lo que había pendiente, la deuda arrastrada antes de 2010 (de la llegada de los nuevos socios) ha obligado a Isofotón a presentar el concurso voluntario de acreedores ante el juzgado de lo mercantil de Málaga.

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Ni el plan de viabilidad presentado por la compañía, ni la renovación de avales de la Junta han sido suficientes.

La Junta de Andalucía insiste en pedir el complimiento de la legislación. En el parlamento andaluz el consejero de Empleo e Innovación, Antonio Ávila, dejaba claro que no se renovarían los avales para la empresa.

Y entre tanto, aún sigue su trámite también en los juzgados un tercer frente porque la fiscalía estaría investigando una posible malversación de fondos públicos en Isofotón según el sindicato independiente de funcionarios, CSIF. Se trataría de las subvenciones otorgadas en los últimos años por la administración regional