La jueza Alaya decide no remitir el caso al Supremo, a medio plazo

Según ha sabido la Cadena Ser, Alaya pretende tomar declaración a los imputados que todavía no han sido interrogados y quiere también escuchar, testimonios importantes para la rama política.

Mercedes Alaya seguirá investigando el caso de los ERE a medio plazo, tanto el destino del dinero de las sobrecomisiones que se pagaron a las tramitadoras como la vertiente política, la de la responsabilidad de los políticos que según ella idearon o consintieron el sistema para malversar fondos públicos.

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Fuentes de la investigación aseguran a la Cadena Ser, que la jueza no tiene pensado todavía enviar toda o parte de la investigación de los ERE al Supremo dada la condición de aforados de algunas personas a las que ha mencionado en sus autos y a las que está señalando desde el principio.

Alaya, de momento, pretende tomar declaración a los imputados que todavía no han sido interrogados y quiere también escuchar, testimonios importante para la rama política, a los interventores delegados de las consejerías de Empleo, Economía e Innovación y al de la agencia IDEA.

Esta no inhibición de Alaya podría traducirse, según algunos abogados, en nulidades. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, no comparte esta postura porque no ha solicitado esa inhibición y entiende que hay que investigar hasta el final para buscar todas las pruebas de los supuestos delitos y sólo entonces cabe remitir el asunto al Supremo, para que allí se investigue sólo lo que afecte a cada uno de estos aforados.

Sólo ella acabará poniéndoles nombre. Pero es muy probable que estén en la lista José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Antonio Ávila, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Martín Soler. Ella, con sus preguntas, también parece que busca a Gaspar Zarrías y a los consejos de gobierno que presidió Manuel Chaves. La magistrada tendrá que estudiar, cuando llegue el momento, si se inhibe de toda la pieza o sólo de las partes que afectan a los políticos que ocupan escaño.