La Junta reactiva los 18 expedientes de expropiación de viviendas a bancos

Se retoma la tramitación de las más 500 solicitudes presentadas por personas en riesgo de desahucio que piden la intervención del Gobierno andaluz. Todas las medidas 'antidesahucios' de la Junta recurridas por el Gobierno ante el Constitucional están de nuevo en vigor desde hoy. La consejera de Vivienda, Elena Cortés pide al Gobierno que dirima todas sus dudas en la comisión bilateral abierta "como ya hizo con una norma similar catalana que está en vigor". "Si el Gobierno central no se sienta a negociar y recurre la ley estaría generando en Andalucía un estado de excepción", ha dicho Cortés.

Se reinicia el proceso. Las delegaciones provinciales remiten ahora al BOJA, para culminarlos, los 18 expedientes de expropiación temporal del uso de viviendas que quedaron paralizados cuando el Gobierno recurrió el decreto. Son 6 en Málaga, 4 en Sevilla, tres en Almería, dos en Granada, dos en Huelva y uno en Cádiz.

Son viviendas del BBVA (3), Banesto (3), Banco Santander (2), Banco Popular (2), Caja Rural de Granada (2), Banco de Sabadell (1), Caja Rural del Sur( 1), Deutsche Bank (1), A Y T Fondo Hipotecario Mixto (1), Citifin (1) y Gescat Viviendes (1). Inmuebles que estas entidades bancarias han embargado a personas en riesgo de exclusión social. La Junta pretende poder culminar el procedimiento y que estas familias puedan permanecer en sus pisos, al menos, durante tres años.

En paralelo, las delegaciones territoriales tramitan desde hoy las más de 500 solicitudes de expropiación que tienen sobre la mesa, de personas que acudieron a las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda durante los apenas tres meses en que estuvo en vigor el decreto recurrido por el Gobierno ante el Constitucional.

La Consejería trabaja en el Reglamento del Registro de Viviendas Deshabitadas, donde incluirá todos los inmuebles vacíos de la comunidad que detecte para su eventual sanción (personas jurídicas) o incentivo (personas físicas) al objeto de que salgan en alquiler asequible.

Todas las medidas recurridas por el Estado ante el Constitucional vuelven a ser efectivas con la entrada hoy en vigor de la ley. Al menos hasta que el más que probable nuevo recurso del Gobierno se lleve a efecto.

La Consejería de Fomento y Vivienda recuerda que mantiene abierta una Comisión Bilateral Junta-Estado, "un organismo constitucional para dirimir los posibles conflictos de competencias alegados por el Gobierno". La consejera, Elena Cortés, espera que el Gobierno dialogue y no recurra también la ley, como tampoco recurrió, según ha dicho, una norma catalana vigente desde 2009. "Generaría en Andalucía un Estado de Excepción", ha añadido.