La fiscalía acusa a 49 personas en el caso Arcos contra la corrupción en Alcaucín

La acusación va dirigida contra 49 imputados que en su mayoría (27) son empresarios dedicados a la promoción urbanística, aunque también están acusados el antiguo alcalde de Alcaucín y dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación Provincial de Málaga; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

El procedimiento, conocido como Operación Arcos, se ha centrado en varias tramas de corrupción urbanística que durante la última década operaron en el municipio de Alcaucín (Málaga), partiendo de una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, judicializada a partir de septiembre de 2008, que dio lugar a la imputación de más de 70 personas, cerrándose la fase de instrucción en junio de 2013 tras generar actuaciones que ocupan cerca de 50.000 folios.

La acusación va dirigida contra 49 imputados que en su mayoría (27) son empresarios dedicados a la promoción urbanística, aunque también están acusados el antiguo alcalde de Alcaucín y dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación Provincial de Málaga; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

El escrito de calificación contiene un amplio relato fáctico ordenado en 121 epígrafes donde, siguiendo un orden cronológico, se describen hechos acaecidos entre 1999 y 2010 que luego se califican como 90 delitos de falsedad ideológica,en algunos casos también se manipulan firmas, sellos y textos, cometidos por autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento de Alcaucín, Diputación de Málaga o Catastro Inmobiliario, que con frecuencia eran inducidos por los promotores beneficiados o sus representantes; 19 delitos de falsedad en documento oficial cometidos por particulares, atribuidos a arquitectos que redactaban proyectos o documentos técnicos de contenido falaz destinados a expedientes municipales o catastrales; 10 delitos de falsedad por imprudencia grave, imputados exclusivamente al secretario municipal de Alcaucín; 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al alcalde de Alcaucín por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes técnicos; 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales.

Buena parte de dichas infracciones aparecen definidas como delitos continuados, englobando en cada caso los diversos documentos falsos, resoluciones arbitrarias o construcciones irregulares de cada trama, pues las diversas acciones responden a un mismo patrón o son fruto de conciertos delictivos entre autoridades, funcionarios, profesionales y promotores.

Al tratarse de hechos anteriores a la reforma introducida en el Código Penal por Ley Orgánica 5/2010, han prescrito numerosos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y tráfico de influencias atribuidos a particulares.

También se ha formulado acusación por 20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa; uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales; seis de tráfico de influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional.

Las pruebas básicas proceden de los registros practicados en febrero de 2009 en el Ayuntamiento de Alcaucín, en el Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en un estudio de arquitectura de Málaga y en un despacho de abogados de Alcaucín. Más adelante, hubo que profundizar en la investigación analizando de forma exhaustiva las bases de datos del Catastro y practicando, ya en 2012, nuevos registros en la Gerencia Territorial del Catastro y en el Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación de Málaga.

La fiscalía señala en su escrito que los hechos investigados comprende el periodo entre 1999 y 2010 en el que el auge urbanísticohizo que se multiplicaran las infracciones y que al mismo tiempo el Ayuntamientono sólo lassolapara, también lasimpulsara con nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable. Así fue como proliferaron las construcciones clandestinas que se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable.

También se aprovecharon fallos del sistema, destacando en tal sentido tanto los numerosos informes técnicos emanados sin ningún control de la Diputación Provincial para encubrir las infracciones urbanísticas. En este apartado destaca la labor de otro de los acusados, José Francisco Mora, al que acusa el Ministerio Público de falsedad,estafa, cohecho y delitos contra la ordenación del territorio y pide para él más de 110 años de cárcel.

En total hay acusados 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística, el antiguo alcalde de Alcaucín y dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación Provincial de Málaga; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos a los que la fiscalía imputa un total de 275 delitos