Indulto a un empresario a cambio del derribo de las obras de su chalet
El Gobierno conmuta la pena impuesta a Miguel Ángel Ramírez por un delito contra la ordenación del territorio dejándola en dos años de cárcel y a condición de que tire abajo algunas obras que realizó en su chalet
El Gobierno ha concedido el insulto al empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, dejando en 2 años de cárcel la condena que le impuso la justicia por realizar obras en una zona protegida de su chalet de Pino Santo. El indulto también confirma que tendrá que demoler algunas secciones de estas obras, todo mientras que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Canarias las avaló señalando que fueron solicitadas cuando aún no eran consideradas por ley como zona protegida.
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El Gobierno ha concedido el indulto al empresario canario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez Alonso, y le conmuta una pena de tres años de cárcel por otra de dos años y a cambio de la demolición de unas obras que realizó en su chalet de Pino Santo en una zona entonces considerada por la justicia como rústica protegida y que le costaron la condena inicial. Unas obras que, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avaló, alegando que esa zona todavía no estaba protegida por ley cuando solicitó la autorización. Es uno de los 23 indultos concedidos por el ejecutivo que publica hoy el Boletín Oficial del Estado.
Miguel Ángel Ramírez Alonso, empresario y presidente de Seguridad Integral Canaria, del Grupo Ralons y de la Unión Deportiva Las Palmas, fue condenado en mayo de 2010 por un juzgado de lo penal de Las Palmas a tres años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio: la justicia, en una sentencia que ratificó más tarde la Audiencia Provincial, consideró que unas obras que había realizado en su chalet en la zona de La Milagrosa habían sido realizadas en zona rústica protegida por las leyes medioambientales. La Audiencia Provincial de Las Palmas incluyó que el empresario sólo debía demoler parte de las obras que había realizado (los nuevos caminos, la pérgola, la pajarería y el muro de cerramiento) ya que según la sentencia derribar todo dañaría aún más la zona. El juez estimó entonces que las obras realizadas por el empresario habían "afectado a bancales de tierra, llegando a crear incluso importantes desniveles".
Aún no era zona protegida cuando hizo las obras
Ahora es el Ministerio de Justicia quien concede el indulto a este empresario, manteniendo que debe proceder a la demolición de las obras irregularmente ejecutadas con arreglo a lo que dictó en su momento la Audiencia Provincial. Le conmuta la condena de tres años de cárcel por una de dos, por lo que el empresario no tendrá que entrar a la cárcel si no tiene antecedentes penales, al mismo tiempo que le impone la condición de no cometer delito doloso en los próximos tres años. El pasado mes de junio, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó el recurso que este empresario presentó a través de su grupo empresarial Ralons contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 2008 que le denegó el permiso de calificación territorial para legalizar estas obras: consideraron los jueces que la normativa vigente en ese momento sí permitía estas obras, ya que el Plan especial del Paisaje Protegido de Pino Santo no había sido aprobado todavía, y por tanto esa zona aún no estaba protegida.
