Se cumple sin acuerdo el plazo dado por Ana Botella para solucionar la huelga

Se cumple elplazo dado por Ana Botella para que las partes lleguen a un acuerdo que ponga fin a la huelga de limpieza en Madrid. A falta de un acuerdo entre las empresas concesionarias y los sindicatos, está previsto que la empresa pública Tragsa se encargue a partir de el sábado de ese servicio.

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Las empresas concesionarias del servicio de limpieza viaria de Madrid y los sindicatos, en huelga indefinida desde hace once días, han finalizado el plazo dado por la alcaldesa, Ana Botella, sin llegar a un acuerdo. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid llevará el incumplimiento de servicios mínimos a la Fiscalía y recurrirá a la empresa pública Tragsa para que se encargue de los servicios mínimos.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, dio el pasado miércoles un plazo de 48 horas a empresas y sindicatos para alcanzar un acuerdo y advirtió de que, de no ser así, llevará a la Fiscalía la situación creada por esta "huelga salvaje" y encargará a la empresa pública Tragsa los servicios mínimos.

Los servicios mínimos de Tragsa se mantendrían tanto tiempo como durase el conflicto y los gastos y costes se repercutirán a las concesionarias del servicio, que según Botella son las que tienen la obligación de cumplir los servicios mínimos, por lo que no costarían "ni un euro" a los madrileños.

Mientras, las calles de Madrid siguen llenas de residuos, cuando ya se han cumplido diez jornadas completas de huelga en el servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines en protesta por la presentación de un ERE para algo más de 1.100 de sus 6.000 trabajadores.

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El Gobierno dice que la intervención de Tragsa sería legal

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido que sería legal la actuación de la sociedad estatal Tragsa en la huelga de limpieza de Madrid, si bien ha situado los términos "lógicos" para resolver el conflicto en un acuerdo entre trabajadores y empresas.

"Invitamos a las partes a que lleguen a un acuerdo para solventar -el conflicto- en los términos que nos parece que tienen que ser los lógicos", ha instado la vicepresidenta del Gobierno, y ha dicho que espera que el problema se resuelva de "la mejor manera posible" porque está "en juego un servicio público esencial".