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Una comunidad de vecinos, obligada por el Supremo a adaptar una piscina para un discapacitado

El Tribunal supremo anula el acuerdo de la junta de vecinos que se negaba a las obras

El Tribunal Supremo ha fallado hoy a favor de los padres de un menor discapacitado de Valencia que recurrieron ante esta instancia para que obligara a la junta de propietarios de su comunidad de vecinos a hacer obras de adaptación de la piscina compartida, de modo que el chico afectado pudiera tener acceso.

En su sentencia, la Sala de lo Civil del Supremo anula el acuerdo mayoritario adoptado por la junta de propietarios por el que se denegó la realización de obras que permitieran adaptar la piscina comunitaria al chico y tiene en cuenta que "dichas obras no suponen un perjuicio para la comunidad".

La demanda de los padres fue inicialmente aceptada por un juzgado, pero después la Audiencia Provincial de Valencia anuló aquella sentencia con el argumento fundamental de que el acuerdo había sido adoptado válidamente por mayoría de vecinos.

Sin embargo, ahora el Supremo considera que el hecho de que el acuerdo fuera mayoritario no es motivo bastante para negar autorización a unas obras que nunca se demostró -ni siquiera fue alegado- que fueran perjudiciales o dañinas para los demás propietarios, según ha informado el propio tribunal.

La sentencia del Supremo se basa en que tanto la Constitución española como los tratados internacionales dispensan una especial protección a los discapacitados, protección que limita en algunos extremos el uso de la propiedad privada horizontal en interés de sus derechos para poder usar los inmuebles en igualdad de oportunidades y sin discriminación.

Estos límites legales al dominio posibilitan la supresión de barreras arquitectónicas y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad al uso de los elementos comunes de los inmuebles en propiedad horizontal, dice el Supremo.

Así lo impone precisamente la Ley de Propiedad Horizontal, que exige a los propietarios la realización de obras para que los discapacitados puedan acceder en igualdad de condiciones a las zonas comunes, recuerda el tribunal.

 

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