La Diputación prioriza en su presupuesto a los ayuntamientos frente a los bancos
Seis de cada diez euros se destinarán en 2014 a políticas sociales
Ha presentado un plan destinado a los ayuntamientos para evitar que el dinero que no puede invertir por imperativo legal vaya a parar a los bancos. Son 108 millones que se incluyen en el apartado de gastos financieros con el fin de no incumplir la ley
La diputación de Sevilla destinará a los ayuntamientos de la provincia el dinero que no puede invertir como consecuencia del techo de gasto, que impone la ley de estabilidad presupuestaria. Una decisión política con la que el presidente, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, pretende que el superávit y otros fondos que no se pueden gastar por imperativo legal vayan a parar a los bancos.
Con este fin, ha ideado una fórmula que, sin incumplir la ley, permite que de este dinero se beneficie la población. Las cantidades que van más allá del tope legal las incluye en el capítulo de gastos financieros, al que no se refiere esta normativa, y las destina al plan de autonomía financiera local a coste cero dotado con 108 millones de euros.
El objetivo es que pueda atender las necesidades fundamentales de estos municipios en tiempo de crisis. Lo hace utilizando varias figuras financieras que permitirán a los consistorios disponer de anticipos para afrontar gastos sin interés alguno y con un plazo amplio de devolución.
Esta normaliva solo le permite gastar a la Diputación el próximo año 278 millones de euros de un presupuesto global de 404. De los 126 restantes, 17 millones irán al pago de la deuda y 108 a este plan municipal.
La cantidad total de esta actuación se divide en tres partes. Doce millones se reservan a anticipos para el pago de las nóminas y los 46 de superávit a inversiones en los pueblos a devolver en diez años. Los 50 millones restantes se destinarán al OPAEF, el instrumento de recaudación de la Diputación, para que no tenga que pedir como el año pasado un préstamo a los bancos con el que anticipar los impuestos a los ayuntamientos, con los intereses que eso supone.
La mayor parte del presupuesto, el 60%, se destinará a gastos sociales, seis de cada diez euros.
El presidente avanza que para mantener estas políticas tendrá que reducir gastos internos de la institución.
