La Comunidad de Madrid da marcha atrás y paraliza la privatización sanitaria

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos de la región ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión cautelar de la medida. La decisión ha provocado la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.

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El Gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalizacion de la gestión de hospitales a la vista de las decisiones tomadas por los tribunales", ha comenzado el presidente González. "Como siempre hemos dicho, acatamos y cumplimos los fallos judiciales con independencia de que estemos más o menos de acuerdo con los mismos, como ocurre en este caso".

El presidente ha anunciado la paralización del proceso en una comparecencia de prensa en la que, además de la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha criticado la creación de "una situación de incertidumbre y de falta de seguridad". Pese a ese respeto a las decisiones de los tribunales, también ha defendido el poceso:"Este es un modelo de gestión legal y posible, está contemplado en la ley y está siendo aplicado por todas las administraciones públicas".

En su opinión, "no parece razonable que para la adopción de una medida cautelar" lleven "más de siete meses sin tener definida la situación". Esto, ha añadido, ha generado "una situación de incertidumbre" que no se puede "mantener por más tiempo", si bien ha añadido que siguen pensado que el modelo de gestión elegido es "legal y posible".

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El presidente de la Comunidad ha anunciado también que no se van a introducir más recortes en la Sanidad madrileña, derivados de su decisión de dejar sin efecto el proceso de externalización, aunque se "seguirá ajustando gastos".

La batalla legal por la sanidad

El cambio de postura de la Comunidad se ha producido horas después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM haya decidido mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar "perjuicios de imposible reparación".

Entre otros motivos, los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad". Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid".

Y esgrimen también que el interés público exige "proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse". Asimismo, los magistrados niegan que la decisión de suspender el proceso suponga "un desapoderamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid de su competencia para aplicar en su ámbito territorial su político sanitaria y de implementar en unos concretos centros hospitalarios un determinado modelo de gestión".