La CAM pide 6 años de prisión para López Abad y 10 para Avilés
La entidad pide penas de cárcel para su exdirector general y para el expresidente de la Comisión de Control de la caja
Valencia
La CAM acusa a López Abad y a Avilés de apropiación indebida. En el caso de Juan Ramón Avilés también se le acusa de administración desleal. También les pide sendas multas de 146.000 euros y una indemnización de 5 millones para el FGD
La Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM) ha solicitado seis años de prisión para su exdiretor Roberto López Abad por un delito de apropiación indebida y 10 años para el expresidente de la Comisión de Control de la caja Juan Ramón Avilés, al que imputa, además, administración desleal, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
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En un escrito de acusación remitido al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez la entidad, pide la imposición de sendas multas de 146.000 y el pago una indemnización de cinco millones de euros que quedaría depositada en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Javier Gómez Bermúdez dió continuidad hace un mes a la causa al considerar que existen indicios de delito contra López Abad y Avilés por el cobro irregular de dietas y la concesión de créditos en condiciones ventajosas a las empresas de la familia de este último que causaron un perjuicio a la entidad de 4,91 millones de euros.
En un auto en el que transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, Gómez Bermúdez atribuía a Avilés los delitos de apropiación indebida, administración desleal y otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero y a Abad los dos primeros.
El magistrado sostenía que los imputados diseñaron "una estrategia" para que los miembros de la Comisión de Control de la CAM recibieran "cuantiosas sumas de dinero" entre los años 2007 y 2011 en forma de "dietas irregulares" que no se correspondían con la realización de "ninguna actividad real". Para ello, crearon la Comisión de Seguimiento y Control de la sociedad 'Tenedora de Inversiones y Participaciones', participada por la entidad financiera.
La resolución judicial concretaba que, en lugar de abandonar su cargo, Avilés siguió percibiendo unos honorarios que ascendieron a 40.000 euros entre enero y julio de 2011, cuando fue destituido, como presidente de la sociedad creada y de otros 3.336 euros como responsable de la Comisión de Control. VENTA SIMULADA Y PERJUICIO PATRIMONIAL
Además, el juez sostenía que en diciembre de 2010 los imputados simularon la venta de acciones de la sociedad 'La Vereda de Sucina', dedicada a inversiones inmobiliarias, por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste a través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.
Esta operación causó una pérdida de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.
El Banco Sabadell, que adquirió la CAM por un euro, informó el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos concedidos a 'La Vereda de Sucina' fueron refinanciados en abril de 2011 y se encuentran actualmente "impagados".
Gómez Bermúdez señalaba en su auto que "la idea de retribuir a los miembros de la comisión de control de la CAM, con unos emolumentos superiores a los que tenían derecho, partió de López Abad". Especificaba que fue él quien explicó los pormenores de estos pagos en una reunión de la comisión de retribuciones de la caja y otra del Consejo de Administración celebradas en marzo y diciembre de 2005, respectivamente.
Respecto a Avilés, el juez señalaba que existen indicios de que elaboró el contrato simulado de venta de acciones de 'La Vereda de Sucina'. Apuntaba que el empresario era el propietario real de los títulos, que estaban a nombre de su mujer, y agrega que la compradora, su hermana, siguió sus instrucciones.
La investigación partió de un informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo "créditos en condiciones ventajosas" para empresas vinculadas a su familia
