El juez envía a juicio a dos exdirectivos de la CAM por dietas y créditos fraudulentos

El juez también reclama una fianza de responsabilidad civil de 8.5 millones de euros. Es la segunda causa más avanzada contra exdirectivos de cajas de ahorro en la Audiencia Nacional, porque a partir del 19 de mayo se celebra el juicio contra los antiguos dirigentes de Caixa Penedés.

El titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha dictado la apertura de juicio oral contra el exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Roberto López Abad, y el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés.

Bermúdez va más allá que Anticorrupción en su escrito. Atiende la petición del FROB y de la plataforma de afectados y acusa a López Abad y a Avilés de apropiación indebida, administración desleal y delito societario. Además, también acusa de un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de terceros a Avilés, por lo que las penas de cárcel a las que podrían enfrentarse los acusados oscilan entre los 14 años para López Abad, y los 16 y medio para Juan Ramón Avilés, frente a los 4 y los 2.5 años respectivamente, solicitados por Anticorrupción.

El juez también da un plazo máximo de 24 horas a los acusados para que depositen una fianza de responsabilidad civil de 8.500.000 euros.

Un total de 6.600.000 euros para Juan Ramón Avilés, y 1.900.000 euros para Roberto López Abad, que en el caso de este último deberá ser pagada de forma solidaria con los otros exdirectivos que percibieron dietas de forma irregular.

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Según la Fiscalía Anticorrupción y el FROB, los dos antiguos dirigentes de la CAM se adjudicaron dietas irregulares y desorbitadas, que en el caso de Avilés superaron los 300.000 euros, quien además recibió créditos de forma indebida por más de 22 millones de euros.

Dietas desorbitadas al consejo por no hacer nada

Según la Fiscalía, Roberto López Abad creó la Comisión de Control de Tenedora de Inversiones -una sociedad participada de la CAM-, como "mero y burdo instrumento ideado por el acusado para permitir que sus miembros cobraran emolumentos muy superiores a los que tenían derecho".

El fiscal relata que de "una dieta anual única" de 8.200 euros en 2005, se pasó a partir de 2008 a dietas de "80.000 euros anuales para el presidente, 40.000 para vicepresidente y secretario, y 20.000 para el resto" del consejo.

Y ello a pesar de que durante las 16 reuniones celebradas hasta la supresión de la Comisión de Control de TI en septiembre de 2011, la "actitud de los miembros fue pasiva, limitándose a escuchar informaciones del administrador sin una sola aportación sustantiva".

En total, los 21 miembros del consejo de la Comisión de Control de TI percibieron 1.494.029 euros, de los que Juan Ramón Avilés cobró 308.700 euros. El fiscal propone que todos, salvo dos fallecidos, tengan que indemnizar con idéntica cantidad al actual propietario de la CAM, el Banco de Sabadell, quien adquirió la caja alicantina por el precio simbólico de 1 euro.

El FROB por su parte entiende que la gestión de López Abad y Avilés provocó un agujero de 4.9 millones y quiere que abonen esa cantidad como indemnización. Además, al contrario que la Fiscalía, reclama que el dinero no se pague al Sabadell sino al Fondo de Garantía de Depósitos para compensar los 5.249 millones del erario público que fueron necesarios para rescatar la CAM.

Los créditos de Avilés

La Fiscalía Anticorrupción, al igual que la acusación particular del FROB, también detalla los créditos supuestamente irregulares obtenidos por el expresidente de la Comisión de Control de la CAM y de TI. Alrededor de 22 millones de euros, gran parte de los cuales nunca debieron ser concedidos porque eran "dudosos por morosidad", según el Ministerio Público. Pero la caja alicantina no solo se los concedió, sino que lo hizo en "condiciones muy favorables". Recuerda Anticorrupción que Avilés tenía que haber abandonado sus cargos en la caja para poder recibir estos créditos y que además, utilizó a su esposa, a su hijo y a una hermana como testaferros para "evitar el control externo del Instituto Valenciano de Finanzas" de la Generalitat valenciana, y obtener de forma supuestamente irregular créditos ICO por 1.160.000 euros. También consiguió un préstamo del ICREF (el ICO de Murcia) por 1.869.479 euros de forma supuestamente irregular.

La Audiencia estrecha el cerco sobre la gestión de las cajas

Caixa Penedès

Esta causa abierta contra la CAM, que es una de las cuatro piezas separadas abiertas por el juez Bermúdez a la caja alicantina, es la segunda más avanzada de todas por las que se investiga la gestión de las cajas de ahorros en la Audiencia Nacional.

Ya ha finalizado la instrucción y hay fecha para el juicio oral contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedès. Será a partir del próximo 19 de mayo en el juzgado central de lo penal de la Audiencia. Anticorrupción pide tres años y medio de cárcel para el exdirector general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y tres años para los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas, por adjudicarse planes de pensiones de forma irregular por importe de 31.6 millones de euros. Están acusados de un delito continuado de administración desleal. La caja necesitó un rescate de 915 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Novacaixa

También está muy avanzada la causa abierta contra exdirectivos de Novacaixagalicia. El juez Moreno espera los escritos de las partes para decidir la apertura de juicio oral contra cinco exdirectivos de la entidad que se asignaron prejubilaciones de 18,9 millones de euros "engañando" al Banco de España y al consejo de administración, y a pesar de la "dificilísima situación" de la entidad, que necesitó dos rescates del FROB por 3.784 millones de euros.

Bankia

En el caso Bankia el juez Andreu está a la espera de una pericial del Banco de España sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad. Después tiene previsto practicar diversas testificales. En la pieza separada de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja, las dos cajas principales que conformaron Bankia, el mes próximo arrancan las comparecencias como querellados del expresidente de la entidad madrileña, Miguel Blesa, y otros 14 exdirectivos de ambas cajas. Declararán entre el 3 y el 7 de marzo.

La Audiencia también investiga a Caja Castilla-La Mancha, y la fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica.