Aplazado el juicio a los 17 acusados de asaltar comercios y viviendas habitadas
La vista oral estaba prevista que comenzara este lunes en la Audiencia de Málaga aunque las defensas han pedido un aplazamiento de siete días para estudiar la nueva documentación aportada por la acusación que ejerce la fiscalía

Los acusados en este proceso sentados en la sala de la Audiencia(CADENA SER)

Acusación y defensa han llegado a un principio de acuerdo que alcanzaría, inicialmente, a 11 de los 17 acusados en este proceso en el que se enfrenta a peticiones de cárcel que superan, globalmente, los 600 años de prisión por el asalto violento a viviendas habitadas y comercios.
Estaba previsto que la vista oral del juicio comenzara este lunes aunque, apenas ha dado para esbozar el pacto entre la acusación de la fiscalía y once de los 17 procesados. Además se dan una semana de margen para que los representantes de los acusados estudie la voluminosa documentación que hoy ha aportado la fiscalía.
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Recordar que , en este caso el Ministerio Público señala que los acusados formaban parte de una red perfectamente estructurada para cometer atracos en establecimientos públicos y viviendas habitadas armados y empleando la violencia.
De esta forma encapuchados y vestidos con ropas anchas atracaron, en enero de 2009, un restaurante de comida rápida en Mijas armados con una pistola y un fusil, intimidaron a clientes y empleados, agredieron a uno de ellos y se llevaron algo más de 2 mil euros.
Después en febrero y abril de ese año , pertrechados con armas, entraron en tres viviendas de Mijas y Fuengirola, maniataron a sus moradores, los inmovilizaron, agredieron y robaron los objetos de valor de las casas, sobre todo, joyas y material electrónico.
Los acusados fueron detenidos poco después. En los registros que se llevaron a cabo la policía localizó un arsenal de armas largas y cortas además de distintas cantidades de cocaína y hachís.
La fiscalía acusa a los procesados de los delitos de asociación ilícita, robo con violencia, detención ilegal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y de omisión del deber de perseguir delitos.
Las penas para los acusados oscilan entre los cuatro y los 68 años de cárcel. En total las penas iniciales, que quedarán rebajadas tras el principio de acuerdo, superaban los 600 años de prisión.




